Jesús Aranda
En su primera visita al estado de Veracruz, luego de que Miguel Ángel Yunes Linares asumió la gubernatura de la entidad, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a ser “un aliado permanente” en la tarea de garantizar la seguridad a la población, lo que simplemente significa que enviará más soldados y marinos a la entidad, a que realicen labores que las policías estatal y municipales no son capaces de hacer.
Mientras que en el Congreso, las fracciones parlamentarias siguen sin hallarle la cuadratura a la Ley de Seguridad Interior y el marasmo legislativo apunta a que la aprobación de dicha ley aún está lejana, el gobierno federal continúa con su política errónea de tratar de solucionar los problemas de violencia con los estados con el envío de más militares.
Trascendió que arribarán más militares y marinos a Veracruz; los primeros irán en mayor cantidad y se pretende que los segundos se concentren en labores de inteligencia.
Cuando Peña hizo su ofrecimiento a Yunes, éste ni se inmutó, tampoco prometió profesionalizar y capacitar a las corporaciones policíacas de la entidad, tal y como lo hizo en su momento su antecesor. Total, ha de pensar el mandatario estatal, mejor que nos envíen más soldados.
Tal parece que nadie se ha dado cuenta que, más allá de las posiciones a favor o en contra de que soldados y marinos asuman labores de seguridad ¿pública o interior?, la “cobija” por más que la jalen es cada vez más chica.
Y es que, en lugar de reducirse la presencia castrense después de 10 años de que los sacaron de los cuarteles para combatir al narcotráfico, la demanda de gobiernos estatales y municipales de que les manden militares para combatir la violencia e inseguridad sigue en aumento.
Cualquier parecido con un callejón sin salida, es mera casualidad.
La Suprema Corte, las mayorías legislativas y las acciones de inconstitucionalidad
Al discutir las acciones de inconstitucionalidad en contra de la llamada Ley Atenco, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se topó con un tema inédito: ¿Las mayorías parlamentarias están facultadas para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes aprobadas por ellas mismas, siendo que la constitución estableció ese derecho a las minorías que representen, cuando menos, el 33 por ciento del total de integrantes del Congreso?
Los legisladores, ante las críticas de diversos sectores en el sentido de que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México viola los derechos humanos de libertad de expresión, de reunión y de manifestación, al permitir a las corporaciones policíacas el uso de fuerza no letal o letal en caso necesario, decidieron que lo mejor era sumarse a las acciones de inconstitucionalidad presentadas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.
Sin embargo, los legisladores (que suman el 68 por ciento del total que aprobó la norma hace unos meses) se fueron por la vía fácil y le pidieron a la Corte que revisara la constitucionalidad de todos los artículos.
De acuerdo con el proyecto de dictamen, elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, en los hechos, los legisladores ejercieron una consulta previa de una norma que no ha sido promulgada, figura legal que no está prevista en la constitución y que por tanto, hace improcedente la demanda de los legisladores.
Hasta el momento, ocho de los once ministros se han pronunciado al respecto. Cuatro a favor del proyecto y cuatro en contra. Los primeros argumentan que la Constitución faculta a las minorías parlamentarias, pero no así a las mayorías a interponer este tipo de demandas; los segundos piensan que la Constitución no limitó el porcentaje de legisladores que pueden presentar una demanda, siempre y cuando superen el 33 por ciento, además de que la Corte no está en condiciones de fijar un porcentaje para determinar cuándo es una minoría.
La ministra Margarita Luna Ramos planteó que, sin fijar límites, cuando la minoría pasa a ser mayoría, no tiene legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad.
Se espera que este lunes 6 de marzo, los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora y, quizá, el ministro presidente Luis María Aguilar, inclinen la balanza por la improcedencia de la demanda de los legisladores mexiquenses y que la Corte resuelva únicamente las acciones de las Comisiones de Derechos Humanos.
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