Jessica Xantomila
Ciudad de México. Los problemas principales que aquejan a las niñas, los niños y los adolescentes en la región de América Latina y El Caribe están relacionados con la violencia generalizada “emparejado con migraciones, desaparición forzada, la trata, los homicidios, la violencia intrafamiliar y sobre todo el problema de inseguridad”.
En la presentación del convenio que representantes de coaliciones de defensores de infancia y adolescencia en América Latina, la Unión Europea y la agrupación Save the Children Suecia, firmaron para “impactar de forma positiva” en la vida de los menores de 18 años en la región, se enfatizó sobre la realidad cotidiana de este sector de la población que es “profundamente dolorosa”.
Hechos como lo sucedido en Guatemala el pasado 8 de marzo donde 40 niñas y adolescentes perdieron la vida, “dan cuenta de la ineficacia de las autoridades para garantizar los derechos humanos de la niñez”, expresó Nora Pulido, representante de Argentina.
En América Latina, la mayoría de la población la constituyen los niños y las niñas y adolescentes, lo que es un elemento de partida del por qué orientar acciones a esa población. Brasil, México y Colombia acumulan el 60 por ciento de esta población, cercana a 62 millones de niñas y adolescentes, de acuerdo a cifras oficiales.
Georgina Ramos, representante de El Salvador, señaló la importancia de constituir observatorios nacionales y regionales “que nos muevan a poder visibilizar este tipo de problemáticas con propuestas a la incidencia política”, para mejorar la situación de la población infantil.
Así como revisar los sistemas nacionales de protección en los países, cómo funcionan, “que cuenten con inversión dirigida hacia las políticas públicas de los niños y las niñas, y el desafío de mejorar la administración de justicia”.
Sobre la situación de la niñez en México, Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, dijo que es “grave”.
Lo sucedido en Guatemala se vivió parecido en Michoacán con el caso de “Mamá Rosa”. En el país hay 30 mil infantes que viven en espacios residenciales sin conexión familiar; se ha avanzado con una ley y un sistema de protección integral de la infancia y la adolescencia pero no en los presupuestos. Sin dinero las políticas no van a concretarse, dijo.
