José Antonio Román
Ciudad de México. Hasta ahora han sido insuficientes los esfuerzos para lograr una verdadera y efectiva consulta previa, libre e informada de pueblos y comunidades indígenas, respecto de los “proyectos de desarrollo” que pretenden imponer en sus tierras y territorios.
Como parte de las conclusiones del Seminario Internacional “Fundamentos y práctica del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas”, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se señala que en respeto de este derecho, han fallado no sólo las autoridades de todos los niveles de gobierno, sino también los empresarios.
Realizado este fin de semana en la ciudad de San Luis Potosí, en el seminario se dieron a conocer las consecuencias negativas que enfrentan los países que no aplican este mecanismo de consulta, tales como tala indiscriminada de bosques, contaminación ambiental, de ríos y lagunas, extracción sin control de recursos naturales, explotación mineral de profundo impacto, afectación de flora y fauna, así como desplazamiento de comunidades originarias, entre muchas otras.
De esta forma, autoridades, servidores públicos, académicos, investigadores, expertos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, del sector empresarial y de organismos públicos defensores de derechos humanos que participaron, coincidieron que gobiernos y sociedad todavía tienen una deuda que saldar con los pueblos y comunidades indígenas.
En un comunicado, la CNDH exhortó a los gobiernos federal y estatales, así como al sector empresarial del país a cumplir con su obligación de consultar previa, libre e informada, así como de buena fe y culturalmente adecuada a pueblos y comunidades indígenas, cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión de gran escala que tengan un impacto dentro de su territorio.
