Jorge Torres
Diputados federales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), entre ellos el potosino Cándido Ochoa Rojas, ex secretario general de Gobierno en la administración de Fernando Toranzo Fernández, incluyeron en la Gaceta Parlamentaria del Legislativo Federal del pasado 30 de marzo un punto de acuerdo para que el Congreso del Unión exhorte al gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, a separarse de su cargo en tanto se realiza una investigación sobre el desvío de 400 millones de pesos del fondo de pensiones de maestros de telesecundarias, que se dio cuando Carreras López era titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, de 2013 a 2015.
“No podemos permitir que la persona que encabeza la administración pública del gobierno del estado de San Luis Potosí sea una persona sin probada honestidad y con serias dudas en el manejo de recursos públicos; por tanto, consideramos imprescindible que se aparte del gobierno y aclare de inmediato el destino de los citados recursos”, señalaba el punto de acuerdo.
Sin embargo, ayer por la tarde, el coordinador de la bancada del PVEM, Jesús Sesma Suárez, señaló que no se presentaría dicho punto de acuerdo, pues debido a la “estrecha comunicación” con el gobierno de Carreras López, y por la información que dio del tema, todo quedó debidamente aclarado.
Reiteró que “en ningún momento el PVEM presentará un punto de acuerdo relativo a lo que se ha mencionado”.
En campaña, promesa de subsanar el tema
“Lo que sí les puedo asegurar es que una vez que sea gobernador éste y otros asuntos se llevarán nuestra atención, ya cuando fui titular firmé un compromiso para terminar con este grave problema, y gestionaremos los recursos necesarios para poder cumplir con los maestros”, dijo en mayo de 2015 el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Nueva Alianza, Juan Manuel Carreras López, quien señaló que cuando estuvo al frente se hizo lo que se pudo, pero esto tiene que ver más con falta de presupuesto y fondos que de falta de voluntad; aseguró que es un problema que se viene arrastrando desde 2008 en donde la SEGE ha realizado las acciones necesarias para solucionarlo, por ello pidió “darle su justa dimensión al caso”, pues es un tema de carácter institucional que no tiene nada que ver con su persona.
Cabe destacar que a principios de marzo los maestros jubilados de telesecundaria realizaron una manifestación como medida de presión para que la Junta de Conciliación y Arbitraje no acepte documentos falsos presentados por la SEGE, y que agilice los trámites que impiden el correcto avance de las audiencias programadas entre el 28 de febrero y el 1 de marzo, y que se han visto suspendidas por tácticas dilatorias operadas por el gobierno estatal. Los profesores jubilados han manifestado que, en dos años de reuniones, los titulares de la SEGE mintieron al prometer la devolución del fondo de ahorro, cuyo adeudo a la fecha ascendería a 500 millones de pesos.
