Jesús Aranda
Ciudad de México. La intolerancia a la crítica es inaceptable. Flaco favor le hacen a su comandante supremo, los mandos militares que incumplen con su obligación constitucional de respetar el derecho a la información y la obligación de los entes del Estado de transparentar sus acciones y rendir cuentas a la sociedad.
El acceso a la información no es un capricho, es un derecho de la sociedad a conocer la actuación de sus gobernantes, la sociedad tiene el derecho a estar informada y los medios de información son el canal para que esta conozca y exija a sus autoridades que cumplan con la función que tienen encomendada.
El pasado 15 de marzo, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que las fuerzas armadas de México son ‘‘la institución de instituciones’’. Ahora le toca a estas honrar esa distinción con hechos, no con discursos.
Después de los asesinatos de los periodistas Miroslava Breach y Javier Valdez, el gobierno mexicano es mirado con lupa a nivel nacional e internacional, no sólo en cuanto a la exigencia de castigar a los responsables materiales e intelectuales, sino también en el ineludible compromiso de garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información y en transparentar la labor gubernamental.
Las fuerzas armadas no son ajenas a esas obligaciones.
¿Por qué los militares se sienten incomprendidos al realizar labores de seguridad pública?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conoció el pasado miércoles un asunto más, de muchos que llegan a los tribunales federales, en los que los militares son acusados de torturar y de violar el debido proceso al cumplir labores de seguridad pública –que no le corresponden constitucionalmente- y en los que, a pesar de haber detenido en flagrancia a presuntos criminales pasan al banquillo de los acusados con la venia de los juzgadores federales.
Afortunadamente en este caso, los quejosos se desistieron y quedó sin efecto el amparo que les concedía en su proyecto el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Resulta que el 12 de julio de 2008, elementos del Ejército detuvieron en Culiacán, Sinaloa a ocho sujetos, luego de recibir una “denuncia ciudadana” sobre la presencia de hombres armados; al llegar al domicilio fueron recibidos a tiros, pero finalmente sometieron a los agresores.
Eran las 14:30 horas y los soldados recibieron la orden de sus superiores de trasladar a los detenidos a las instalaciones de la novena zona militar, en ese lugar realizaron diversos trámites para trasladarlos vía aérea a la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México.
Así las cosas, su presentación ante el ministerio público federal fue a las 6:30 horas del día siguiente, es decir 16 horas después de su detención.
Los quejosos –a quienes les fueron fincados delitos como acopio de armas de fuego de uso exclusivo del ejército- solicitaron amparo porque se violó el debido proceso en su contra, además alegaron que fueron torturados mientras estuvieron en las instalaciones castrenses, a pesar de que no presentaban lesiones que ratificaran su dicho y que ninguno de ellos se auto incriminó.
Sin tomar en cuenta las circunstancias, peligrosidad de los detenidos, etc., Gutiérrez Ortiz Mena establecía que se violó el debido proceso, porque durante el período de 16 horas, los detenidos no tuvieron acceso a un abogado, estuvieron a disposición “de una autoridad no competente” y porque los objetos que fueron decomisados durante su captura “estuvieron sin cadena de custodia por un tiempo excesivo”.
Los militares, agregaba, no tienen autoridad para determinar ante qué autoridad ministerial deben presentar a los detenidos, deben hacerlo “respecto a la autoridad más cercana y de forma inmediata”.
También, el tribunal tendría que dar vista al ministerio público federal para que iniciara una investigación, y establecer si los quejosos fueron torturados o no.
El rigorismo con el que se aplica la ley, sin tomar en cuenta lo que sucede en la realidad, ha provocado que los presuntos delincuentes, aún y cuando sean detenidos en flagrancia, tengan múltiples vías de escape para evitar la acción de la justicia.
En cambio, quienes andan en la calle, sin la protección legal necesaria, están a expensas de ser acusados de violar derechos humanos, de que se inicie de inmediato un proceso penal en su contra, que sea separado de su cargo y, si bien les va, reciban medio sueldo en lo que dura el juicio.
La situación no ha cambiado desde hace casi nueve años, por eso el hartazgo y cansancio de los soldados que siguen cumpliendo labores de seguridad pública que no les corresponden.
Por fin, el Canal Judicial a la televisión abierta
Con un atraso de más de dos años, el Canal Judicial está por iniciar su transmisión en televisión abierta.
A punto de cumplir 11 años de su primer transmisión (29 de mayo de 2006), el llamado “Canal de la Transparencia” podrá ser visto a nivel nacional de forma gratuita –actualmente se transmite sólo en señales de cable y vía satélite- y en alta definición, lo cual es un innegable avance.
Sin embargo, este nuevo paso representa un reto enorme para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes deben asumir su responsabilidad y decidir en pleno qué tipo de Canal es el que requiere el Poder Judicial de la Federación. Esa responsabilidad hasta la fecha, ha recaído exclusivamente en el ministro presidente en turno.
Las sesiones del pleno en vivo son, sin duda, el programa más importante del Canal Judicial, mientras que los programas sobre temas jurídicos continúan siendo cotos de poder de funcionarios judiciales, instituciones y organizaciones de abogados.
En materia informativa, la agenda sigue siendo errática, en la que se sigue más la agenda de organizaciones de derechos humanos que del propio Poder Judicial.
Muestra de ello, es el debate que hay en redes sociales entre el Canal Judicial –a través de su cuenta oficial de tuiter- con la señora Isabel Miranda de Wallace.
Más allá de la controvertida personalidad de la señora Miranda de Wallace, es una pena que a partir de este intercambio de mensajes, la credibilidad y seriedad del Canal Judicial haya quedado en evidencia.
Haría bien el pleno en poder orden.
@jaranda24
