Después de un complicado proceso legal, en el que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) saboteó la iniciativa presidencial para que la Semar recuperara el control de las capitanías de puerto y, con ello, ejercer plenamente su misión constitucional de autoridad marítima nacional, por fin el próximo 17 de junio concluirá el proceso de transferencia de todos los puertos nacionales a los marinos.
Difícilmente se entendería la obsesión de la SCT y de su Dirección General de Puertos por boicotear la iniciativa presidencial hasta que llegó la orden directa de Los Pinos de hacerse a un lado y dejar que el Senado de la República aprobara la reforma legal correspondiente en diciembre pasado.
El argumento trillado de que la reforma legal implicaba “militarizar” los puertos fue finalmente desechado por los legisladores, cuando recibieron la instrucción del ejecutivo federal de “descongelar” la iniciativa legal que boicoteó la dependencia que encabeza Gerardo Ruiz Esparza.
Conforme los marinos fueron jalando los hilos, se encontraron con que la corrupción e inseguridad campeaban en los puertos más importantes del país, a la par de la falta de capacitación, falta de equipo y vicios de la burocracia portuaria, que dieron lugar a que se incrementara la delincuencia, tráfico de personas y drogas, así como el contrabando. Vamos, había puertos que no contaban ni con el personal o equipo de seguridad suficiente para hacer valer su autoridad para inspeccionar los buques extranjeros que exige la normatividad internacional, como tampoco para preservar la vida en la mar.
Seguramente muchas de las autoridades portuarias que fueron desplazadas con la reforma legal resultaron perjudicadas en sus intereses personales.
Ahora, la Semar tiene el compromiso de demostrar con hechos que es capaz de llevar a cabo una administración eficiente y honesta de las capitanías de puerto; una labor así sería una bocanada de oxígeno ante la incapacidad demostrada por la administración de Enrique Peña Nieto, la cual además cargará la loza el resto del sexenio de haber realizado auténticas elecciones de Estado para que el PRI se alzara con la victoria en los comicios del 4 de junio pasado en el estado de México y Coahuila.
El vicealmirante José Luis Arellano Ruiz, en su calidad de coordinador general de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, tiene ahora la encomienda de rendir buenas cuentas.
¿Casualidad que la Armada de México participe en los ejercicios navales Tradewins 2017?
Dicen que en política no hay coincidencias, y quien mejor debía saberlo es el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, al aconsejarle al presidente Enrique Peña Nieto que permitiera que la Armada de México participe en los ejercicios navales Tradewinds 2017, organizados por el Comando Sur de los Estados Unidos, que se llevan a cabo a poco más de mil kilómetros de la costa de Venezuela, país que considera dichas maniobras como una amenaza a su soberanía.
Quizá en otras circunstancias, la presencia de más de 2 mil 500 soldados de 18 naciones “aliadas” de Estados Unidos no tendría nada de particular.
Sin embargo, en el contexto político que vive Venezuela y la tirante relación que mantiene este país con Estados Unidos y con el propio gobierno mexicano, los cuales se han manifestado por una solución “democrática” a la crisis que viven los venezolanos, dejando de lado (en el caso de México) la política de no intervención en asuntos internos de otros países.
Hacen que la presencia de marinos mexicanos en estas maniobras sea inoportuna, en el mejor de los casos, o una muestra de que los intereses geopolíticos de los estadunidenses en América Latina son también de México.
No podemos ignorar que en abril pasado el jefe del comando sur, Kurt W. Tidd, presentó un informe al Senado de su país en el que advertía que Venezuela podría ser un “elemento desestabilizador” para la región, con todo lo que esto implique.
Las declaraciones del funcionario han sido rechazadas por el gobierno de Venezuela y se suman a otras acciones de Estados Unidos para ejercer presión sobre Venezuela, incluyendo las sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las que intentan aplicar la Carta Interamericana a este país.
Las protestas sindicales, ¿fuego amigo en contra del presidente de la SCJN?
Desde hace unos días, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación inició una campaña en contra del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un aumento salarial “sustantivo”, por el pago de horas extras y en contra de jornadas laborales mayores a las ocho horas diarias. Pero además, la agrupación tildó de inconstitucional el acuerdo del 10 de julio de 2015 del CJF –presidido por el también presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales-, el cual faculta a jueces y magistrados para remover a su personal “libremente”.
Tal han actuado los juzgadores a sus anchas que en lo que va de la actual administración son ya 28 los trabajadores despedidos, quienes, por cierto, están impedidos legalmente a interponer recursos de revisión en contra de la decisión, porque la ley establece que las decisiones del Consejo en materia administrativa son definitivas e inatacables.
De acuerdo con trabajadores judiciales, este conjunto de ingredientes llevaron al Sindicato –el cual a lo largo de su historia se ha distinguido por llevar una excelente relación con el ministro presidente en turno- a hacer públicas sus demandas y a denunciar la actuación inconstitucional de jueces, magistrados y del propio CJF.
Más allá de la justificada inconformidad de los trabajadores, llama la atención que las protestas tengan lugar a año y medio de que Aguilar Morales deje el cargo.
¿Será por debilidad de la presidencia de Morales, será que sus propios compañeros en la Corte y/o en el CJF están llevando agua a su molino con fines personales?
No debemos perder de vista que en el Poder Judicial de la Federación está enquistada la llamada familia judicial en la que participan ministros, magistrados y jueces federales, quienes se han servido de su puesto para convertir a la Suprema Corte y al Poder Judicial de la Federación en una auténtica agencia de trabajo en la que esposos, amantes, hijos, hermanos, sobrinos, nietos y amigos de juzgadores y funcionarios federales ocupan las mejores plazas.
Tampoco podemos dejar de lado que, en general, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación son de los mejor pagados del país, en donde trabajadores sindicalizados y de confianza tienen seguro de gastos médicos y al menos dos o tres bonos al año, además de bonos especiales que son repartidos a discreción y voluntad del jefe en turno.
El Sindicato también ha sido beneficiario de esta relación, ya que es el encargado de manejar a su antojo las plazas y controlar el ascenso del personal. Es más, hay trabajadores que tienen años de laborar sin base, pero están impedidos de participar en concursos de selección para mejorar su cargo porque esa es una prerrogativa de los sindicalizados.
La familia judicial se repite a menor escala entre los trabajadores administrativos, en donde la opacidad en las contrataciones da lugar a la sospecha.
En este escenario, las manifestaciones de inconformidad parecieran tener como destinatario al propio ministro presidente. ¿Será fuego amigo o será que hay funcionarios del poder ejecutivo federal que no recibieron bien las recientes críticas de Aguilar Morales al proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal, el cual hace agua por todos lados?
