Jesús Aranda
Ciudad de México. El secretario de Estado, Rex Tillerson hizo una afirmación temeraria que merece una respuesta contundente del gobierno mexicano sobre la veracidad del dicho, porque de lo contrario, estamos en la puerta de una nueva intromisión de Estados Unidos en asuntos internos de México con la complicidad del gabinete presidencial.
Tillerson sostuvo ante el congreso de su país que “hay nexos” entre los cárteles mexicanos de la droga y las “redes terroristas”; antes, el secretario de seguridad nacional, John Kelly, había dicho que esa colaboración abría la posibilidad de que los narcos mexicanos contrabandearan no sólo drogas o personas, sino “bombas sucias”.
Las declaraciones de los funcionarios de la administración de Trump no pueden, ni deben dejarse a la ligera, porque son el preludio de una mayor intervención en asuntos de seguridad de nuestro país con el pretexto de que la frontera común con México es la puerta para el ingreso de grupos terroristas.
La afirmación de Tillerson y Kelly sobre una presunta colaboración de los cárteles mexicanos con organizaciones terroristas parecen más bien una amenaza a México para que colabore sí o sí, en proteger la seguridad de la frontera con Estados Unidos, sin importar si dicha vigilancia tenga que ser supervisada por agentes del vecino país, tal y como ha sucedido con los apoyos entregados a México a través de la Iniciativa Mérida.
Es tiempo de que las cabezas encargadas de la seguridad nacional (secretarias de la Defensa Nacional, de Marina, de Gobernación y de Relaciones Exteriores) dejen de esconder la cabeza como avestruz y salgan al paso a ese tipo de afirmaciones.
Si son ciertas, que expliquen hasta dónde llegará la cooperación con Estados Unidos y bajo qué circunstancias; pero si son falsas, que así lo digan, porque indudablemente son un elemento más de presión del gobierno de Trump hacia México.
La historia nos ha enseñado, y nos sigue enseñando, que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, sin importar lo que tenga que hacer para defender “sus intereses nacionales”.
Si hace unos años, con el mayor descaro atacó a Irak con el pretexto de que tenía un arsenal de bombas químicas –lo cual nunca se demostró-, si vemos la paranoia anti rusa como pretexto para afectar la economía y la influencia cada vez mayor de Rusia en el mundo, es obvio que a la Casa Blanca no le interesa demostrar sus dichos, basta con que ésta misma se los crea.
En este contexto, han impulsado la idea de que los cárteles mexicanos dominan el mercado de drogas de Estados Unidos, que son los principales responsables del ingreso de mariguana, cocaína, drogas sintéticas y todo lo que se parezca al vecino país para después distribuirla a través de pandillas y mafias de origen mexicano, chino, ruso, etc.
¿Y los grandes capos estadunidenses dónde están?, ¿Usted cree que las mafias del vecino país iban a dejar que extranjeros llegaran a su país a hacer negocio y que se iban a quedar tan tranquilas?
Para nadie es un secreto que el precio de la droga se multiplica al pasar la frontera y que esa gran cantidad de dinero sólo puede lavarse en grandes centros financieros, mismos que superan con mucho la capacidad de nuestro país y que están ubicados precisamente en Estados Unidos.
Cochinero de la PGR con el caso del “huachicolero”
Hace unos días, un juez de control federal liberó al soldado acusado de ejecutar a un presunto ladrón de gasolina en Palmarito Tochapan, Puebla, la razón: El ministerio público federal -léase Procuraduría General de la República (PGR)- no fue capaz de presentar pruebas para iniciar el proceso penal contra el militar, ya que no pudo comprobar que el video –conocido ampliamente en redes sociales- no hubiera sido editado, ni tampoco presentó un dictamen de balística que demostrara que la bala en el cuerpo de la víctima hubiera sido disparada desde el arma de cargo del soldado.
Por si fuera poco, algunos de los 30 soldados que le habían dicho en entrevista al ministerio público federal que sí habían visto a su compañero disparar, a la hora de declarar ante el juez y en presencia de su abogado afirmaron que no habían visto nada y que sólo escucharon la detonación de un arma.
Es decir, el caso fue tan mal presentado por funcionarios de la PGR, que el juez de control ordenó la inmediata liberación del soldado, aunque quedó sujeto a disposición en caso de que la Procuraduría que encabeza Raúl Cervantes Andrade tuviera a bien recopilar pruebas para demostrar su presunta responsabilidad.
Cervantes Andrade fue omiso en este caso, al no ordenarle a sus subalternos que elaboraran y presentaran las pruebas suficientes para ejercer acción penal contra el presunto responsable de un hecho tan grave que le dio la vuelta al mundo.
En lugar de ello, permitió o avaló (que es peor) que el ministerio público presentara un caso tan mal armado y sin pruebas que derivó en la liberación del presunto responsable.
Ante este fracaso, el procurador Cervantes y sus subalternos han guardado silencio.
¿Dónde quedaron las entrevistas en los noticieros de la televisión privada que concede el funcionario o sus subalternos cuando hay hechos relevantes en los que la PGR quiere pararse el cuello?
Este incidente, tampoco ayuda en nada a la reputación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque si realmente el soldado referido es inocente, la dependencia tendría que ser la más interesada en que se desarrolle un juicio transparente que no deje duda sobre la sentencia.
Si fue incompetencia del procurador Andrade y de su personal, malo; pero si fue por omisión para favorecer a la Sedena, peor.
Castillejos, ¿sucesor de Cossío?, Arely Gómez, ¿de Luna Ramos?
La reciente renuncia del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes dio lugar a una serie de especulaciones que tienen que ver con la futura conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Y es que, al no tener un cargo en el gobierno, cumple con dos requisitos que son fundamentales para ser integrante del máximo tribunal:
El primero, legal, que es el “no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento”.
Y el segundo, y quizá más importante, ser amigo del Presidente de la República.
Y es que, el 30 de noviembre de 2018, el ministro José Ramón Cossío Díaz dejará el cargo y, aunque las formas dicen que ese nombramiento le correspondería a quien sea presidente electo, en caso de ganar la oposición no sería extraño que Peña Nieto dejara de lado esa regla no escrita y adelante la elección de otro ministro a modo.
En el caso de Margarita Luna Ramos, ella dejará el cargo en febrero de 2019 y en la Suprema Corte hay quien dice que es un hecho que llegará en su lugar la actual titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, quien tiene muchos puntos a su favor:
Es bien vista por el PRI y por el PAN, ya que sus nombramientos como procuradora general de la República y como titular de la Función Pública fueron avalados e impulsados por el PRIAN.
Qué mejor que una mujer ocupe el lugar de otra mujer.
Y el tercer punto, Gómez ya trabajó en la Corte, conoce los entretelones del máximo tribunal y dejó como herencia en el máximo tribunal buenas amistades que estarán encantadas de colaborar con ella.
Además, el perfil conservador de la funcionaria embona perfectamente para que los senadores priistas y panistas apoyen su eventual designación.
Basta decir que fue secretaria particular del entonces ministro Mariano Azuela Güitrón, quien es conocido por su conservadurismo y relaciones con la jerarquía católica, punto que seguramente es bien visto por los panistas.
Los rumores sobre nuevos cambios en el gabinete presidencial ya iniciaron, Arely Gómez podría dejar el cargo para tener tiempo de “cabildear” su posible candidatura
¿será?
@jaranda24
