Juan Carlos G. Partida
Guadalajara, Jal. El alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, envió su renuncia como miembro propietario y representante de los municipios de Jalisco ante el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto, un mecanismo interinstitucional que agrupa al gobierno del estado y varios ayuntamientos junto a universidades y organizaciones empresariales.
En su carta de renuncia acusó al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, de utilizar “de manera opaca” un software similar al que el gobierno federal ha usado para espiar activistas, periodistas y opositores políticos.
“Renuncio porque no se puede formar parte de un espacio de simulación (…) Esto rompe con cualquier posibilidad de diálogo y confianza entre la partes anulando las oportunidades de concretar un ejercicio auténtico de gobierno abierto”, dijo Alfaro a través de un comunicado que difundió en redes sociales.
Señaló que las organizaciones del secretariado que representan a los sectores empresarial, educativo y a la sociedad civil enviaron un escrito el 2 de junio pasado solicitando al gobernador Sandoval, miembro del secretariado, aclarar y transparentar la información relacionada con la adquisición y uso del software de vigilancia.
“El gobernador de Jalisco no solo ha guardado silencio hasta el momento, su gobierno ha mentido desde el principio cuando negó la existencia y el uso de herramientas de espionaje digital en el estado, justo cuando salieron las filtraciones de Hacking Team en 2015, mismas que evidencian la compra de este software por parte de la Coordinación General de Asuntos Sociales de la Secretaría General de Gobierno con un costo de 448 mil euros (más de 7.5 millones de pesos) en 2014 y otros 300 mil euros para el periodo 2016-18”, agregó.
Recordó que además el año pasado la organización Red de Defensa de Derechos Digitales presentó datos estadísticos que volvieron a demostrar la contratación del software con Hacking Team para realizar trabajos de vigilancia, ahora con un costo de 700 mil euros (más de 16 millones de pesos).
También dijo que hace unos días el gobierno del estado afirmó que mantiene un contrato desde 2014 con la empresa SYM Servicios Integrales y se han erogado más de 260 millones de pesos.
“El espionaje es un método de amenaza para la libertad de expresión y el caso de México es tan grave, que incluso en unos días se discutirá la posibilidad de expulsar al país de la Open Government Partnership. Espero que se abra una investigación independiente donde se esclarezca qué es lo que está pasando a nivel nacional y local por parte de los responsables de la operación de estos sistemas de vigilancia”.
Por último expresó su solidaridad con periodistas, organizaciones y personas críticas que han sido vulneradas con dichas prácticas de espionaje.
