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Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que inició hoy un procedimiento para la eventual destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, anunció que se tomará cinco días para anunciar una decisión sobre el caso.
En el procedimiento, los magistrados del TSJ escucharon los argumentos de los acusadores y de un defensor público, por ausencia de Ortega, quien rechazó asistir y dijo que desconocía la legitimidad del TSJ para impulsar un proceso cuya decisión está “anunciada”.
Después de las intervenciones del diputado opositor Pedro Carreño; el defensor del pueblo, Tarek William Saab; el contralor general, Manuel Galindo, y el defensor público Javier Hernández, en representación de Ortega, el presidente del TSJ, Maikel Moreno, dio por terminada la audiencia y fijó un lapso de cinco días para tomar la decisión.
El TSJ puso en marcha la audiencia poco después de que Ortega anunciara que no acudiría, por lo que permitió que Carreño expusiera sus alegatos para pedir la imputación por “faltas graves” a la fiscal.
Carreño insistió en que la fiscal le mintió al país al negar que firmó un acta que avaló la designación en diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional (Congreso), entonces de mayoría oficialista, de 13 magistrados del TSJ.
Ahora Ortega cuestiona a los magistrados y los acusa de querer encausarla.
Tanto el defensor del pueblo como el contralor insistieron en acusar a Ortega de haber mentido sobre el caso y presentaron una serie de documentos para demostrar que la fiscal supuestamente había firmado el acta.
“Este proceso en mi contra es contra la institución. Es claro que el TSJ perpetrará una nueva violación de la legislación, una violación de la última institución que defiende la Constitución”, dijo Ortega en una declaración en la fiscalía.
“No voy a convalidar esta historia que está teñida de vergüenza y dolor, cuya decisión está cantada. No los reconozco”, señaló Ortega y advirtió que con la decisión queda abierto el camino para “aniquilar por la vía violenta no solo el descontento popular, sino la acción de las instituciones”.
Ortega rechazó que haya cometido delito o falta grave y dijo que no se someterá a este TSJ “inconstitucional e ilegítimo”.
“Este es un fraude procesal, vergonzoso con el que se pretende intimidar a la fiscal”, recalcó y calificó su eventual destitución como un golpe de Estado.
