Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsal
Morelia, Mich. Diputados priístas se lanzaron en contra de Ricardo Luna García, secretario de Medio Ambiente y Cambio Climático (Semarnacc), para sostener que es ilegal y de carácter “político” la disposición del funcionario de desmantelar las huertas de aguacate que se consideran ilícitas.
Roberto Carlos López García, ex dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), incluso presentó una iniciativa para eliminar las facultades que tiene la Semarnacc para intervenir en propiedades donde hubo cambio de uso de suelo, el pasado 28 de junio.
El conflicto “político” se suscitó cuando se informó que huertas de la familia Orihuela de Zitácuaro y de sus amigos habían sido desmanteladas en un operativo de la Semarnacc, porque habían cambiado el uso del suelo sin permiso, además que, por ley, los predios sembrados de pino y oyamel que hayan sido afectados por incendios o plagas no pueden ser sembrados debido a que hay una veda de 20 años, y sólo puede cultivarse árboles nativos de la región.
La diputada priísta Xóchitl Gabriela Ruiz González acusó a Luna García de corrupto, ya que está pidiendo dinero por no entrar a revisar las huertas. García Luna, en reunión con legisladores de la comisión de Medio Ambiente, les dijo que presenten denuncia si así lo desean, pero el daño ecológico es una realidad, prueba de ello es que hay 160 mil hectáreas sembradas de aguacate, y la “fiebre de oro verde” parece epidemia que se extiende por 456 municipios de Michoacán.
En tanto, Sergio Vergara, integrante de la Asociación Civil Pueblos del Agua, municipio de Zitácuaro, manifestó que hay buena intención del secretario de Medio Ambiente, pero en los operativos llegan con decenas de policías que tratan a los trabajadores de las huertas como delincuentes y no llevan consigo un documento que respalden las acciones.
Dijo que los operativos en la región oriente únicamente se han dirigido a predios privados, sin tocar ejidos y comunidades, como ocurrió en Aputzio del Canje, municipio de Zitácuaro, donde policías y funcionarios de Semarnacc cometieron abusos de autoridad, ya que trataron a trabajadores de la huerta como si fueran delincuentes. “Las medidas tomadas son necesarias pero deben estar claramente respaldadas por la ley”.
