El notario Eduardo Martínez Benavente advirtió que el gobierno del estado está obligado a demostrar que la información que dio a conocer ayer al respecto del acuerdo al que llegó con Ford, luego de que la armadora cancelara su inversión en San Luis Potosí, fue cierta y en beneficio del erario de la entidad, porque consideró que “a los gringos es más fácil bajarles a la señora que bajarles el dinero”.
Asimismo, destacó que el gobierno no está presentando cuentas claras al respecto de este contrato, porque es difícil de creer que Ford haya regresado las 280 hectáreas sin condiciones, y además haber entregado los 65 millones de dólares, los cuales, resaltó, no fueron comprobados por medio de ningún documento oficial: “ver para creer”, apuntó.
En este sentido, insistió en que el gobierno del estado debe acreditar que, efectivamente, estos recursos fueron reintegrados a las arcas estatales, porque, además, no se ha precisado en qué consistieron las obras que se llevaron a cabo para la instalación de la planta en Villa de Reyes, trabajos que fueron adjudicados de manera directa a un grupo de constructores.
Asimismo, Martínez Benavente consideró que la Comisión Ciudadana de Transparencia debió haber emitido algún señalamiento en este sentido, porque es probable que antes de que Ford cancelara su inversión en San Luis Potosí el gobierno del estado hubiera desembolsado el precio del terreno, que fueron 265 millones de pesos, a Valora, y 427 millones de pesos a la constructora por la obra.
Enfatizó que la Constitución obliga al Ejecutivo a publicar el acuerdo con Ford, e insistió en que las cuentas no dan, porque, de acuerdo con el calendario de pagos, hay un pago pendiente de 335 millones de pesos, y el ejecutivo aseguró que cubriría esa deuda y que le quedarían 142 millones de pesos para el nuevo brazo del distribuidor Juárez, pero aún quedan cerca de 654 millones de pesos que no se sabe cómo se van a disponer.
Finalmente, reiteró que las autoridades deben aclarar las cuentas, y exhibir el documento bancario que compruebe los 65 millones de dólares que supuestamente fueron entregados por la empresa, porque la desconfianza ciudadana sigue latente y se deben esclarecer todas las dudas para no dejar espacio a suspicacias.
