La redacción
Tijuana, BC. La consejera nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Araceli Domínguez Medina, alertó a los periodistas en Baja California sobre la asignación de la Unidad Estatal a personal del C4, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), dependencia involucrada en agresiones o intimidaciones a comunicadores durante el ejercicio de su labor.
En un desplegado, Domínguez Medina convoca a exigir la suspensión del evento de presentación de la Unidad Estatal, que se llevaría a cabo por parte del Gobierno de Estado en Mexicali, este lunes 14 de agosto, y pide que se conforme “como lo marca la Ley”, con la participación de los defensores y periodistas de la entidad.
“La conformación de dicha Unidad debe surgir de una amplia convocatoria entre defensores y comunicadores a fin de que haya legitimidad, representatividad y confianza, para luego dar plazo a una amplia capacitación por organismos nacionales e internacionales”, asevera.
Refiere que tras el acuerdo del protocolo de coordinación de los 32 estados del país para la protección de periodistas realizado la semana pasada en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se estableció que en Baja California la Unidad esté a cargo de personal del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4), de la SSPE, “una de las dependencias mas cuestionadas sobre todo por sus recurrentes prácticas de tortura según el informe de Amnistía Internacional titulado, ‘Fuera de Control tortura y otros malos tratos en México’, de septiembre de 2014”, señala.
Advierte que, de permitirse la adscripción de la Unidad a la corporación, datos personales y altamente confidenciales de periodistas y defensores de derechos humanos estarían en poder de quienes en otros momentos los han agredido o intimidado, situación que los pone en riesgo.
La consejera nacional destaca que el anuncio de la creación de la Unidad Estatal para la Protección Defensores de Derechos Humanos y Periodistas se daría en un contexto de violencia, la cual ha tocado a integrantes del gremio y en donde “las agresiones a la libertad de expresión vienen de funcionarios del gobierno estatal”.
Señala los casos del asesinato de Luciano Rivera Delgado, en Playas de Rosarito, en el que la versión oficial de la riña en un bar como móvil fue desestimada por siete testigos, y en el que aún “no se informa oficialmente si hay una línea de investigación relacionada con el ejercicio periodístico” del director de la revista Dictamen BC.
Además, expone el ataque en redes sociales por parte del director de Comunicación Social de la Procuraduría estatal, José Manuel Yépiz, contra La Jornada Baja California y en el cual descalifica investigaciones periodísticas que señalaban a las autoridades del estado.
También, refiere las amenazas y del director de Comunicación Social del Estado, Raúl Reynoso Nuño, contra conductores del Canal 66, Heriberto Norzagaray, del programa Sopas; y Pablo Brizuela, por sus críticas al gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.
“La Unidad Estatal para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas no puede quedar en manos de los perpetradores (de violencia), Francisco Yribe Paniagua Subsecretario de Gobierno es jefe inmediato de Reynoso Nuño y de José Manuel Yepis, además del responsable político de la Unidad Estatal de Protección, en tanto que los operadores de protección a defensores y periodistas es personal policiaco del C-4 (sic)” , advierte Araceli Domínguez Medina.
Pondera que, tal como se estableció en el protocolo de protección acordado en la Conago, debe haber equilibrio en la conformación de los responsables de las unidades, “un periodista y un defensor y un funcionario como mínimo”, explica.
“La Unidad Estatal para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Baja California adolece de contrapesos al estar conformada únicamente por personal de la burocracia que en la mayoría de los casos es improvisado y no tiene ninguna vocación por el tema de la defensa de los derechos humanos”, asevera.
Por esos motivos, pide que se suspenda el evento de presentación del mecanismo en el estado y se abra una amplia convocatoria a comunicadores y activistas que quieran formar parte de la Unidad, para que sean capacitados por organismos nacionales e internacionales.
Además de buscar la legitimidad, representatividad y confianza de la unidad, con estas demandas “se defiende la vida, integridad, seguridad, libertad e integridad de periodista y defensores”, finaliza.
