María Elena Yrízar Arias
Las garantías constitucionales que debemos gozar los mexicanos se encuentran establecidas en el artículo 1º. de la Constitución Política Nacional que dice: En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Para hacer efectivos estos derechos, es el gobierno quien nos debe garantizar en la práctica estas garantías, a esto le llamamos estado de derecho, que es la forma de organización política que se le da a la vida social de un país, en donde se está sujeto a los procedimientos que establece la ley, incluyendo al propio Estado. También se está guiado por el principio de legalidad y el respeto a los derechos humanos. El comportamiento del Estado debe estar sujeto a lo que la Constitución nacional establezca.
En el caso del Estado de San Luis Potosí, el gobierno tiene la obligación legal de establecer el estado de derecho, pero ¿cuándo hay estado de derecho? Para responderlo, hay que precisar que existe el estado de derecho cuando toda acción social y estatal encuentra un apoyo o sustento en las normas o leyes jurídicas establecidas. El principio de legalidad actúa en defensa de lo social y por la cual se sancionan condenas, penas o se crea una medida de seguridad para defender a la sociedad o al propio Estado de alguien que intente atentar contra ellos.
En palabras simples: El estado de derecho es la obligación que tiene un gobierno para garantizarle al pueblo y sus gobernados que tiene instituciones eficaces que le garanticen sus derechos consagrados en el artículo 1º Constitucional, sobre sus garantías individuales y sus derechos humanos. Para ello tiene instituciones como la Procuraduría de Justicia del Estado y sus policías que nos garanticen la seguridad e integridad de los ciudadanos.
Pero, en la realidad, los ciudadanos vemos que la policía es ineficiente, que la Procuraduría de Justicia no funciona como espera el pueblo y cada día vemos que hay múltiples delitos y que nadie los para, entonces, entendemos que el gobierno no está siendo eficaz.
Algo de esto, de no saber interpretar lo que sucede en la realidad en esta entidad, pareciera que le está pasando al secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, quien, muy quitado de la pena o posiblemente porque desconozca la realidad social de los hechos violentos que suceden en la entidad, se atreve a decir que no hay focos rojos en San Luis.
La expresión focos rojos, en términos coloquiales, significa que existe una situación alarmante o de peligro de inseguridad, pero el señor Leal niega que exista esta situación.
Este discurso mentiroso del secretario de Gobierno ha indignado a la ciudadanía en general, porque los hechos violentos, asesinatos, robos, asaltos, disparos de armas de fuego, cadáveres colgados en puentes, secuestros, extorsiones, personas extraviadas, desaparecidos, entre otros ilícitos, hablan por sí solos y contradicen lo dicho por el funcionario público, que además de que piensa que no es grave la situación de inseguridad, le echa la culpa a la delincuencia organizada como autores de estos delitos. Sean quienes sean los autores de los delitos, deben sancionarse y procurar la justicia que es una de las obligaciones del gobierno, en el estado de derecho.
La muestra de esta indignación fue expresada por el vocero del arzobispado de la Iglesia católica, pues Juan Jesús Priego Rivera dijo ayer que sí existe un foco rojo encendido –posición contraria a la versión oficial del secretario estatal– y recordó que el gobierno estadunidense advirtió a sus ciudadanos que si vienen a San Luis Potosí, no visiten ciertos lugares, lo cual va a costar mucho, porque hay turistas que son muy obedientes a sus autoridades, por lo cual probablemente cambien de destino. Agregó que la versión de los estadunidenses ayuda a autocriticarnos, “para ver que no todos los discursos tienen derecho a ser tan optimistas, el foco rojo nos afecta, nos apena, si habría un inversionista que quizá quería trabajar en San Luis, no lo va a hacer”. Recalcó que la inseguridad y lo que está sucediendo en San Luis afecta a San Luis, haciendo perder divisas, trabajo, atractivo e inversiones. Con el anterior criterio coincide el líder de la Canaco Alejandro Pérez, quien asegura que la alerta estadunidense podría afectar la atracción de inversionistas.
En este gobierno ha habido mil 200 asesinatos violentos. Así, la Iglesia, empresarios, académicos y ciudadanos perciben la falta de acciones del gobierno para terminar el problema. Algunos ciudadanos, para evitar los robos, han cerrado sus calles. ¿Que han colgado tres cadáveres en puentes en dos semanas en la capital? ¿Acaso no es esto motivo de alarma? El gobierno tiene como primera obligación establecer la paz pública. La realidad nos dice que es urgente que se prendan los focos rojos y se actúe de inmediato, sería muy lamentable dejar de reconocer la realidad y dejar que la inercia predomine. La realidad es tangible, para cualquier mente inteligente del gobierno del estado o para cualquiera de nosotros.
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