El Frente Ciudadano Anticorrupción se pronunció por que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo demuestren con hechos que en el caso de la “ecuación de la corrupción” ejercerán acciones para evitar que prevalezca la impunidad.
En este sentido, la organización destacó que han pasado 86 días desde la publicación del videoescándalo, y por cada día que pasa los diputados y el gobernador Juan Manuel Carreras López se vuelven cómplices de la corrupción revelada en la misma medida en que no promueven y aplican las sanciones que corresponden. “El Frente lo ha señalado: no bastan las licencias si no hay consecuencias”, sostuvo.
Por medio de un comunicado, enfatizaron que resulta inaceptable la presencia de Manuel Barrera Guillén no sólo como diputado, sino como presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, “a pesar representar un recordatorio permanente de la enorme corrupción que existe en el Poder Legislativo. Si es inaceptable la pasividad de los 26 diputados restantes para defender la dignidad de la institución que representan, confirmarían su complicidad si permiten que ese personaje presente el informe de actividades del último año”.
Agregaron que “combatir la corrupción no es cuestión de que con el tiempo se olviden los agravios. Combatir la corrupción exige que sus actos se sancionen. En consecuencia, exigimos a quienes integran el Congreso del Estado y al gobernador Carreras López que den seguimiento a las demandas de este Frente, de tal suerte que los efectos que hasta hoy se han tenido deriven en sanciones efectivas que logren prevenir la repetición de actos tan detestables o, lo que resultaría más grave, que los responsables se sientan impunes y en libertad para reasumir sus posiciones.
Adelantaron que el Frente Ciudadano Anticorrupción se mantendrá atento para evitar un agravio más al Congreso del Estado en caso de que Barrera Guillén “tenga el descaro de pretender presentar el informe anual de actividades”, porque, insistieron, su sola presencia mancilla a la institución.
Asimismo, la organización puntualizó que estará al pendiente de la posibilidad de que Óscar Bautista Villegas, José Guadalupe Torres Sánchez y Enrique Flores Flores pretendan regresar a su curul, porque “su lugar no está en esa representación popular, y los diputados en funciones están obligados a resolver con celeridad los juicios de procedencia para cerrar el paso a la impunidad”.
Asimismo, indicaron que la Procuraduría General de Justicia del Estado debe mostrar mayor firmeza en sus acciones, ya que el solicitar el desafuero solamente de uno de los cuatro implicados en la ecuación corrupta exhibe la “tibieza” de su actuación, “cuando los actos sancionables no sólo se limitan a la famosa ecuación, sino que existen antecedentes como la compra de voluntades por el caso Panavi o el blanqueo de la cuenta pública municipal capitalina con la intervención de tres diputados ante el Auditor Superior del Estado, que debieron ser investigados de oficio”.
“El combate a la corrupción no sólo exige sancionar actos consumados, sino también prevenir las potenciales irregularidades. El Frente Ciudadano Anticorrupción se pronuncia por que en los nombramientos de auditor superior del estado, fiscal general, fiscal anticorrupción, fiscal electoral, presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje e integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y los que les sigan, se privilegien métodos de selección que garanticen una auténtica representación de los intereses de la sociedad en esas instancias, para que se conviertan en auténticos frenos para cualquier acto de corrupción. El Frente analizará y pondrá en práctica mecanismos con los que, desde la sociedad civil, se impulsen procedimientos que favorezcan esta perspectiva”, señalaron.
De la misma manera, los integrantes de este frente hicieron énfasis en que al gobernador Juan Manuel Carreras López le corresponde dar la mayor muestra de voluntad en este sentido, al haber quedado como su responsabilidad la presentación de una terna para que el Congreso del Estado nombre al fiscal general.
El Frente Ciudadano Anticorrupción hizo un llamado al mandatario estatal para que inicie un proceso de selección abierto a la sociedad en general, con mecanismos y criterios que garanticen la selección del perfil más conveniente para el bien común: “no le pedimos que decline de su facultad, sino que, previo a ejercerla, anteponga el interés general (el de sus representados), a los personales o de grupo”, aclaró.
Por último, la organización reveló que tiene información acerca de que, al 1 de septiembre, 29 municipios ya aprobaron la reforma constitucional que elimina el fuero estatal, por lo que es casi un hecho la desaparición de esta figura.
