Laura Gómez Flores
Ciudad de México. El presidente del PRD-DF, Raúl Flores, presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia capitalina contra la jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum y funcionarios de su administración, por negligencia y omisión, al no clausurar, con antelación, el Colegio Rébsamen.
Durante una verificación detectaron que el programa interno de protección civil de la escuela no estaba vigente, pero “ilegalmente” dieron tres meses a la dueña Mónica García Villegas, para subsanar esa situación, por lo que el desalojo de menores en el sismo del 19 de septiembre fue muy lento.
Los resultados: 19 niños muertos y 7 adultos, porque las autoridades delegacionales tampoco revisaron los dictámenes de visto bueno de seguridad y operación, y de seguridad estructural, y menos actuaron contra la también directora, quien presentó un documento de uso de suelo falso.
El director Jurídico y de Gobierno, Fernando Hernández, tampoco ordenó una visita de verificación, ni clausura del establecimiento mercantil, cuya edificación está prohibida en la calle de Rancho Tamboreo 11 y 19, colonia Nueva Oriental Coapa, que tiene uso de suelo habitacional, detalló.
El también coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa explicó que Manuel Santiago, director de Obras y Desarrollo Urbano, “conocía la validez o invalidez del uso de suelo presentado para levantar el colegio, porque ha estado en la delegación Tlalpan, en diversas administraciones”.
Además fue omiso en la revisión física de la obra en el plantel, de la documentación que ampara la construcción y de la fusión de dos predios, pues inicialmente se ubicaba en el número 19 y después aparece como Rancho Tamboreo 11 y 19, lo que implica una nueva modificación al uso de suelo.
Tanto la jefa delegacional, como estos funcionarios, afirmó, “sabían también que el dictamen de seguridad estructural estaba vencido, pues tenía más de cinco años, y sabiéndolo, dieron entrada al visto bueno de seguridad y operación”, denunció.
Mientras, el director responsable de obra, Juan Torales Iniesta, expidió una carta responsiva el 2 de junio pasado, señalando que el inmueble donde se ubica el colegio se encontraba en perfecto estado y con las condiciones previstas en el reglamento de construcción, pero incurrió en una responsabilidad de carácter penal, por los hechos acontecidos el 19 de septiembre.
Por ello, solicitó a la procuraduría capitalina investigar su responsabilidad en el caso; así como de la directora Mónica García, por el uso de documentación apócrifa para la construcción y apertura del colegio, y se les sancione.
