Al final, todos votaron sí
De Matehuala, dos nuevos casos
Hubieran sido 27, pero Manuel Barrera Guillén –como de costumbre– no se presentó a la sesión donde los 26 diputados restantes eligieron a Federico Garza Herrera como fiscal general del estado, cargo que desempeñará hasta octubre de 2024 y que dejó muy contentas a las decenas de trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado que asistieron para callar a los opositores y aplaudir la elección de su jefe.
Los empleados de la PGJE llegaron temprano, en grupos pequeños y permanecieron sentados a lo largo de la sesión. Opositores, pocos y dispersos se ubicaron en los asientos que fueron encontrando libres. El ánimo festivo entre el personal de la Procuraduría y la presencia en primera fila –custodiada por hombres vestidos de civil– de la familia de Garza Herrera fueron señales inequívocas de que las candidaturas de Fernando López Díaz de León y Verónica Jared García serían meramente testimoniales.
Como se había anticipado, Jorge Alejandro Vera Noyola, subsecretario de Enlace Interinstitucional del Gobierno del Estado, cumplió su misión con creces y sólo él sabe cómo logró inclinar por completo la balanza a favor de Garza Herrera. Días antes, la bancada perredista había jurado que no le darían su respaldo al procurador; sin embargo, sus votos terminaron sumando a la “unanimidad” para garantizar el pase de Garza a la Fiscalía.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Lucila Nava Piña, también votó a favor; a pesar de que el presidente de su partido, Eugenio Govea Arcos y algunos militantes se encontraban del lado de los opositores gritando al unísono: “¡No al fiscal carnal!”; gritos interrumpidos por momentos por los siseos de los subordinados de Garza Herrera que acudieron al recinto legislativo.
O la diputada Lucila Nava Piña es completamente independiente a su partido y a su dirigente o, trazaron una estrategia a dos bandas: negociar el voto para obtener algún beneficio político personal o de partido al tiempo que Govea Arcos y algunos militantes se dejaban ver en público y redes sociales inconformes con la candidatura de Garza Herrera.
Quizá para ganarse unos puntos extras en su partido o porque no confían en él lo suficiente, el priísta Gerardo Serrano Gaviño fue captado tomándole una fotografía con su celular a la boleta marcada con el nombre de Federico Garza antes de depositarla en la urna. ¿Quién le pidió la foto o para qué la tomó? Nada ha dicho ni dirá.
Como la Fiscalía ya no dependerá del gobernador, Garza Herrera juró que desarrollará sus actividades con plena autonomía y que no será tapadera de nadie. Algunos casi le creían la promesa independentista hasta que se le preguntó si sus aplaudidores recibieron algún tipo de permiso para asistir a su toma de protesta. “No había personal de la Procuraduría, quizá a lo mejor, digo… algunos; si es así el caso, por supuesto que a lo mejor se les otorgó algún permiso por el área administrativa, pero yo no advertí presencia más que de ciudadanos y gente que estaba aquí en el Congreso”, respondió el ahora fiscal.
No contentos con su nombramiento, los integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción adelantaron que buscarán la manera de impugnar su elección. Por la vía jurídica se ve complicado que eso sea posible toda vez que desde el Congreso se realizaron las modificaciones a las leyes para permitir que Garza Herrera pudiera figurar en la terna y ser electo tal como ocurrió ayer. ¿Podrá consolidar a la Fiscalía o San Luis perderá siete años?
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José Ismael Leyva Nava, director del diario digital matehualense Arco Informativo, ha recibido amenazas luego de que ese medio publicara una investigación donde se reveló la existencia de una enigmática proveedora de medicamentos contratada por el ayuntamiento de Matehuala.
María Santos Hernández Colunga es el nombre de la persona física a quien esa administración municipal ha pagado casi cuatro millones de pesos en menos de siete meses. El portal logró comprobar que los medicamentos fueron adquiridos a precios inflados hasta en 4800 por ciento en comparación con los precios que el gobierno del estado paga por las mismas medicinas. Además, la dirección fiscal de la misteriosa proveedora no existe.
En una carta enviada a Juan Manuel Carreras, el director de Arco Informativo pidió que se garantice su seguridad y la de sus colaboradores para que puedan continuar ejerciendo su profesión. Parece que el nuevo fiscal ya tiene dos nuevos casos: investigar al ayuntamiento priísta de Matehuala y las amenazas contra el periodista.
(Redacción: Jaime Nava)
