Néstor Jiménez
Ciudad de México. Activistas y familiares de Jorge Cortés Carmona, quien fue hallado sin vida en una fosa clandestina en Cuajinicuilapa en Guerrero, pidieron que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso por tratarse de desaparición forzada y denunciaron omisiones por parte de la fiscalía del estado.
Cortés Mendoza, quien estudiaba veterinaria en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), desapareció el pasado 29 de octubre en el centro de dicha localidad de Guerrero. El 7 de noviembre, la fiscalía regional notificó a su familia del hallazgo de su cuerpo en una fosa.
Al respecto, la presidenta de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Magdalena López, sostuvo que la fiscalía estatal ya incumplió un emplazamiento de 72 horas emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 9 de noviembre, en el que dio al gobierno mexicano 72 horas para que informe de los detalles de la investigación sobre el caso, lo cual se derivó de una queja por la falta de información a los familiares.
Ante ello, pidieron que sea la PGR la que atraiga el caso, ya que a un mes de la desaparición de Cortés Carmona no hay detenidos.
Efrén Cortés Chávez, tío de Jorge y sobreviviente de la masacre de la comunidad de El charco en 1998, acusó que, aunque Jorge no hacía activismo, pudo ser asesinado por sus vínculos con él y en represalia por sus acciones como luchador social.
El cuerpo de Jorge muestra signos de tortura y golpes en la cabeza que le provocaron la muerte, por lo que considera que hubo una clara intención de asesinarlo.
“No hay nada (de resultados de la investigación) porque no se ha consignado a nadie, lo que sospechamos es que puede ser un móvil político porque tenemos antecedentes políticos de hace muchos años… no parece que sea solo una cuestión de omisión, sino que parece que están encubriendo a alguien por lo que pedimos que la PGR atraiga el caso”, agregó.
Sostuvo que la fiscalía sólo ha señalado a los familiares de Jorge que las pesquisas apuntan a que “fue confundido”. Sin embargo, Efrén Cortés recalca que las autoridades estatales no explicaron quién lo confundió ni ofrecen más detalles de la investigación, por lo que denunció una posible omisión en el caso.
El 7 de noviembre la unidad estatal para la protección de personas, defensores humanos y periodistas presentó una petición para reunirse con autoridades de la fiscalía estatal, sin tener hasta la fecha una respuesta.
