Cambalache municipal en riesgo
Saqueo tamaulipeco
FCA en la Cámara de Diputados
Carreras elogia a Meade
Dos elecciones, una permuta negada y la solicitud de aprobación para vender un terreno a una empresa serán los temas más trascendentes que votarán este jueves los diputados durante la sesión de Pleno en el Congreso del Estado.
El consenso parece favorecer a Martín Vázquez Vázquez para que de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado pase a ocupar la Fiscalía Especializado en Materia de Delitos Electorales, mientras que el lugar de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción estaría reservado para la presidenta de la Barra Mexicana de Abogados en San Luis, María Angelina Acosta Villegas.
Siempre y cuando los recursos políticos no le hayan alcanzado al presidente del Poder Judicial, Juan Paulo Almazán Cué para colocar en esa posición a su favorita: Geovanna Hernández Vázquez, quien se desempeña como secretaria ejecutiva de Pleno y Carrera Judicial en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Cualquiera de los casos necesitará de 18 votos a favor para convertirse en fiscal, mismos que seguramente se obtendrán en una sola ronda tal y como ha sucedido en los últimos meses.
Las voces discordantes probablemente se escucharán casi al final de la sesión, cuando los diputados deban decidir si respaldan o no el dictamen de las comisiones de Desarrollo Territorial Sustentable y de Gobernación que niega al ayuntamiento de San Luis Potosí permutar un predio de su propiedad por otro que le pertenece a una persona de nombre Juana Zermeño Cervantes.
El 13 de octubre de 2016, con seis votos a favor y nueve abstenciones, el Cabildo capitalino autorizó un cambalache de terrenos entre el ayuntamiento y una particular; el dictamen municipal pasó al Congreso del Estado para su análisis y autorización; sin embargo, las comisiones detectaron diversas irregularidades.
La primera de ellas es que la Ley Orgánica del Municipio Libre establece que se en caso de permutas, enajenaciones o donaciones se requiere el voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, situación que no se cumplió. Tampoco se anexó el dictamen de factibilidad del predio propiedad de Juana Zermeño para conocer si es posible construir sobre ese terreno.
Más importante todavía es el hecho de que la administración que encabeza Ricardo Gallardo Juárez estaba dispuesta a entregarle a un particular un terreno de 300.95 metros cuadrados con valor catastral de 337 mil 871 pesos a cambio de uno cuya superficie es notoriamente inferior con apenas 105 metros cuadrados y valor de 105 mil pesos.
El dictamen que no autoriza la permuta fue firmado por los diputados Jorge Luis Díaz Salinas, Fernando Chávez Méndez, José Belmarez Herrera, María Rebeca Terán Guevara, Óscar Vera, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Roberto Alejandro Segovia, Jesús Cardona Mireles y Jesús Quintero Díaz y no contiene las firmas del perredista Sergio Desfassiux Cabello, de la panista Xitlálic Sánchez Servín ni del dirigente del Partido Verde Manuel Barrera Guillén.
Otra propuesta que podría ocasionar un intercambio de opiniones en el Congreso es el proyecto enviado por el Ejecutivo para que los diputados autoricen la venta de dos lotes que se encuentran dentro de un terreno estatal a la empresa Zoppas Industries de México, empresa de origen italiano que se dedica a la fabricación de resistencias eléctricas.
Los inmuebles que pretenden enajenar cuentan con una superficie de 12 mil 136 y 23 mil 555 metros cuadrados y se ubican en el municipio de Rioverde. Uno de los dos terrenos cuenta con una nave industrial de 2 mil 502 metros y pasaría a formar parte del patrimonio de la empresa si el Poder Legislativo autoriza la venta.
El precio por metro cuadrado que se estipula como mínimo es de 182 pesos y 10 centavos, lo cual quiere decir que por la venta el gobierno del estado recibiría 6 millones 43 mil 716 pesos más lo que determinen cobrar por la nave industrial.
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De nada sirvieron los rezos que obligadamente practicaban los policías estatales bajo el mando del ex secretario de Seguridad Pública del Estado, Arturo Gutiérrez, pues en cuanto se enteraron de que su jefe se había quedado sin empleo una parte de los elementos de la “policía de confianza” que el general importó de Tamaulipas corrieron a vaciar todas las oficinas que pudieron.
Del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) y de la oficina de Voluntariado sacaron colchones, equipo de oficina y cuantos bienes cupieron en los vehículos que utilizaron para mover los bienes. Elementos de la corporación estatal aseguraron que se trató de un “saqueo”; sin embargo, a través de un pequeño comunicado la SSPE informó que sólo fue un “traslado de colchones y mobiliario que son parte del activo fijo de la Academia Estatal de Seguridad Pública del Estado, mismos que estuvieron en calidad de préstamo en un lugar que se habilitó como dormitorio de escoltas”.
Si los bienes son propiedad de la Academia Estatal ¿por qué fueron sacados con urgencia minutos después de que conociera la destitución de Gutiérrez García?
Empresarios, Iglesia y el número reducido de ciudadanos que saben quién es Arturo Gutiérrez García hicieron leña del árbol caído y celebraron la noticia de su destitución como secretario de Seguridad Pública del Estado.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Alejandro Pérez, aseguró que la salida de Gutiérrez García se “pedía a gritos” no sólo porque sus resultados al frente de la secretaría no fueron positivos para San Luis; también, porque los empresarios nunca estuvieron de acuerdo con el nombramiento por venir de otro estado.
Desastroso, fue el término utilizado por el vicario de la Arquidiócesis de San Luis Potosí para referirse al periodo de Arturo Gutiérrez como encargado de la seguridad de los potosinos.
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El Frente Ciudadano Anticorrupción se hizo escuchar en la Ciudad de México a donde se trasladaron para pedirle a los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados que aprueben un punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una revisión más profunda de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 de los entes públicos en el estado, especialmente de aquellas que, luego de ser analizadas por la Auditoría Superior del Estado, resultaron con cero observaciones.
Los casos de Sandra Sánchez Ruiz y la “ecuación corrupta” fueron temas obligados durante el diálogo entre el FCA y los legisladores federales.
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Dos días después del destape de José Antonio Meade como aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Institucional, Juan Manuel Carreras López rompió el silencio y elogió a su amigo. Meade es un “mexicano excepcional que se ha dedicado 20 años a servir a los mexicanos”, dijo Carreras antes de agradecerle al ex secretario de Hacienda el apoyo que le ha dado a San Luis.
(Redacción: Jaime Nava)
