Antonio Heras, corresponsal
Mexicali, BC. Por daño patrimonial de un millón de pesos fueron inhabilitados cuatro empleados de la Secretaría de Educación de Baja California involucrados en el cobro ilegal de cheques destinados a escuelas del programa de infraestructura Beca Progreso.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental aplicó también una sanción económica, según el expediente 147/Q/15, a Jesús de la Rosa, Alexander García Luna y Román Ernesto Padilla Rivera, quienes se confabularon para cobrar los cheques.
También sancionó a Lucia Margarita Villarreal Camarena, coordinadora de este programa gubernamental que presentó la denuncia penal y la queja administrativa por los actos ilegales que afectaron al erario estatal.
La investigación que inició en septiembre del 2015 y concluyó apenas este lunes 27 de noviembre, arrojó como resultado dos resolutivos que concluyen en la inhabilitación y sanción económica por el desvío de recursos por 938 mil 372 pesos distribuidos en 58 cheques que fueron elaborados a nombre de las personas encargadas de escuelas, pero que fueron endosados de manera ilegal a los tres funcionarios hombres inhabilitados.
Los cheques endosados oscilan en cantidades que van desde tres mil 500 pesos hasta de 43 mil, y fueron cobrados del 17 de mayo del 2013 a octubre del 2014.
Sin embargo, la Contraloría no consideró en la investigación otros 70 cheques con un valor de 1 millón 61 mil pesos, que también fueron endosados entre 2013 y 2014 por los mismos servidores públicos y que fueron presentados en la denuncia interpuesta ante la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) bajo el expediente 020-2015-41596 y en el Oficio 0642 entregado a la Dirección de Control y Valuación Gubernamental del Estado.
En la primera denuncia se notificó a ambas instancias estatales sobre las irregularidades en 59 cheques por 938 mil 927 pesos, después se ratificó la denuncia con 41 cheques más por 642 mil 536 pesos, pero quedaron pendientes de auditar 29 cheques endosados por 457 mil 462 pesos.
Las sanciones a la coordinadora del Programa Beca Progreso son por no solicitar el inicio del procedimiento oportunamente, no constatar documentalmente la recepción de los recursos por sus beneficiarios (representantes de las escuelas), ni validar los reportes parciales y finales de cada uno de ellos, así como no realizar las visitas a las escuelas para verificar la aplicación del recursos, “lo que denota la falta de acciones de control, porque de haberlas realizado hubiera advertido en forma oportuna el seguimiento del programa y la afectación a la cuenta bancaria de la Beca”.
Además de los cinco años de inhabilitación, Villarreal Camarena debe pagar una sanción económica de un millón 876 mil 744 pesos.
Aunque en la nómina de la Secretaría de Educación, los otros tres inhabilitados eran analistas del Fideicomiso de la Beca Progreso, en la práctica eran los encargados de emitir, revisar, entregar y resolver irregularidades en los cheques que se entregaban a las diferentes escuelas de los cinco municipios.
La mayor sanción recayó en Ramón Padilla, con antigüedad de 12 años en la Secretaría de Educación, quien pagará un millón 485 mil pesos por cambiar el beneficiario y poner a su nombre 48 cheques, para después cobrar 742 mil 821 pesos.
De la Rosa Anaya con un daño patrimonial de 136 mil pesos por endosar siete cheques debe pagar 272 mil 74 pesos y Alexander García pagará 119 mil pesos por desviar recursos de tres cheques que asciende a 59 mil 514 pesos.
El inicio
El desvío de recursos de la Beca Progreso se dio a conocer públicamente en el Congreso de Baja California durante la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.
En ese momento se reveló que minutos después de que Lucía Villarreal denunció ante la PGJE y la Contraloría los actos de corrupción dentro del programa escolar fue retirada de su oficina en contra de su voluntad sin ninguna justificación.
La auditoría utilizó como base principal la investigación y documentos que presentó Villarreal Camarena, a quien le fijan a la denunciante una sanción económica mayor que a los demás involucrados por ser responsable del programa.
En un acto sui generis, la Contraloría aseveró que la Coordinadora de la Beca Progreso no prohibió los daños causados a la Hacienda Pública Estatal por “las irregularidades en la administración y manejo de recursos económicos del gasto público, toda vez que siendo la responsable del manejo y administración de la cuenta bancaria del programa, intervino en las 27 cartas de instrucción para que la fiduciaria liberara recursos por un monto de 938 mil pesos, los cuales fueron transferidos a la subcuenta de la Bolsa General y de ahí a la cuenta del Gobierno de Baja California por la institución bancaria”, puntualizó.
El documento subido a la página de la Contraloría indica que Lucía Villarreal Camarena incumplió con su obligación de proponer y solicitar el inicio de procedimiento en contra de quien fuera responsable, “a pesar de que con fecha 24 de septiembre del 2015 presentó un escrito ante la Contraloría en que devienen probables irregularidades administrativas cometidas por los mismos tres funcionarios ahora inhabilitados.
“Para estimar que se dio cumplimiento a su obligación de denunciar debió presentar las respectivas denuncias inmediatamente después de haberse realizado las erogaciones indebidas a cargo de Beca Progreso, y no hasta el 2015, denuncia que por cierto no señala el pago improcedente a dichos beneficiarios si no que solo se constriñe a informar los beneficios obtenidos respecto 58 cheques”, puntualizó.
Villarreal fue la única que se presentó pero sus argumentos de defensa fueron considerados por la Contraloría como insuficientes para desvirtuar su responsabilidad ya que le replicaron que incumplió con el principio de legalidad porque era su obligación conocer, cumplir, y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulen el ejercicio de sus funciones.
La ex Coordinadora de la Beca Progreso manifestó que debería de absolverse del procedimiento porque no le podían imputar responsabilidad de terceros, pues en todo caso, quienes causaron los daños a la Hacienda y simularon actos para obtener beneficios personales fueron los denunciados por ella misma.
La dependencia estatal le respondió que las erogaciones que causaron daño patrimonial no se encuentran justificadas en virtud de no existir documento alguno que determine la obligación de realizar esos pagos, “valiéndose (Lucía Villarreal) como medida de ejecución de una conducta de acción al intervenir en la liberación del recurso económico mediante las cartas de instrucción a la Fiduciaria.
