Emir Olivares Alonso
Ciudad de México. Elementos del Ejército mexicano detuvieron de manera arbitraria a cuatro personas, posteriormente desaparecieron de manera forzada a tres de ellas, a quienes torturaron y agredieron sexualmente, además que ejecutaron a dos, esto en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda, en la que acredita que los efectivos castrenses del Tercer Batallón de la Brigada de Fusileros Paracaidistas vulneraron los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, integridad y seguridad personal, a la libertad y a la vida.
El caso se reportó en enero de 2016, cuando personal militar ingresó a un domicilio de este municipio sin orden de cateo, donde retuvieron a cuatro jóvenes e impidieron el acceso al propietario de la casa y padre de una de las víctimas. Dos horas más tarde, los soldados se llevaron a tres de los detenidos y aseguraron el vehículo de uno de ellos, mientras que dejaron a una cuarta persona en libertad.
El hombre que presenció afuera de su casa los hechos acudió en la búsqueda de los jóvenes a varias agencias del ministerio público local y federal, sin obtener información de ellos. También fue al auditorio público municipal “Miguel Hidalgo”, donde había presencia militar y al preguntar por los desaparecidos los soldados le dijeron que no se había dado ninguna detención y que sólo se había asegurado un vehículo con reporte de robo. Por lo que denunció el caso ante las autoridades competentes y ante la CNDH.
Dos días después, los cuerpos de dos de ellos fueron hallados sin vida en un rancho ubicado sobre la carretera Tepatitlán-Tototlán, en tanto que al sobreviviente se le trasladó al hospital regional de ese municipio.
Tras analizar el caso, la CNDH constató que los efectivos militares ingresaron de manera ilegal al domicilio señalado, toda vez que no presentaron la orden de cateo correspondiente. Además, en esa casa, los detenidos “fueron víctimas de tortura y violencia sexual”.
El organismo nacional presidido por Luis Raúl González Pérez concluyó que los jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria, pues los militares no tenían una orden de aprehensión, además que no lograron acreditar la flagrancia del supuesto delito del que se les señalaba ni la urgencia como causa legítima para llevar a cabo el aseguramiento. Tampoco los presentaron ante la autoridad competente ni elaboraron el informe correspondiente, como lo establece la ley.
“Por el contrario, fueron golpeados, trasladados a varios lugares y, finalmente, conducidos a un sitio deshabitado, donde fueron víctimas de malos tratos. Según la declaración de la víctima sobreviviente, el personal militar intentó privarla de la vida pretendiendo, en diversas ocasiones, quebrarle el cuello aplicándole una técnica conocida como ‘llave china’,”. La CNDH constató que los elementos del Ejército privaron arbitrariamente de la vida a las otras dos personas.
“La CNDH reitera que cualquier persona que cometa conductas delictivas debe ser sujeta a proceso, para que sus actos sean sancionados dentro del marco de derecho y respetando en todo momento los derechos humanos consagrados en las normatividades nacional e internacional. Asimismo, establece que el combate a la delincuencia es totalmente compatible con el respeto a la dignidad de las personas, por lo que el personal de seguridad y las fuerzas armadas deben actuar en todo momento con profesionalismo”.
El documento, firmado por el ombudsman nacional y que ya fue notificado al secretario de la Defensa Nacional, puede ser consultado en la página de la CNDH. en éste, se solicita al general Cienfuegos Zepeda reparar integralmente el daño ocasionado a las víctimas y a sus familiares, proporcionándoles atención médica, psicológica y tanatológica.
Que los afectados sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas y que la Sedena colabore en las denuncias que la CNDH presente ante la Procuraduría General de la República y ante el órgano interno de control de la propia Secretaría para la investigación de los hechos.
También pidió que se imparta un curso de capacitación a personal castrense para prevenir y proscribir la desaparición forzada, tortura, tratos crueles, detenciones arbitrarias y cateos ilegales, así como elaborar o, en su caso, actualizar el protocolo para que se empleen cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio en todos los operativos militares.
La CNDH reconoció que la Sedena realizó acciones de reparación del daño, entre ellas: entregar recursos económicos y brindar atención médica a la víctima sobreviviente, así como atención psicológica a los familiares de los afectados.
