José Antonio Román
Ciudad de México.- La ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la zona de Texcoco, “no fue una ocurrencia” sino resultado de análisis y opiniones de expertos, señaló el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández.
Además, en el tema de las reformas estructurales, advirtió que éstas no pueden suspenderse con la emisión de decretos, pues en muchas de ellas estuvieron de por medio reformas constitucionales donde se necesitaron dos terceras partes del Congreso de la Unión para su aprobación.
En respuesta a los reiterados planteamientos expresados por Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos haremos historia –integrada por los partidos de Morena, del Trabajo y Encuentro Social”- de suspender la construcción de la obra aeroportuaria y revertir las reformas estructurales, el vocero presidencial salió en defensa de ambas decisiones impulsadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
En conferencia de prensa, en la que se informaron “avances” en la atención de los pueblos indígenas, Eduardo Sánchez señaló que en esta etapa electoral se han tomado una serie de medidas y procedimientos para “blindar” los programas sociales destinados a la atención de los pueblos y comunidades originarias.
Roberto Serrano Altamirano, director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas –quien llegó al cargo en enero pasado, luego de que su antecesora en el cargo, Nuvia Mayorga, dimitiera para buscar ser senadora por el estado de Hidalgo-, aseguró que en esta nueva administración se pasó de una atención meramente asistencialista, a una basada en la promoción del desarrollo, educación y derechos de los pueblos indígenas.
De hecho, dijo que el trabajo de la Comisión se basa en cuatro ejes: impulso del desarrollo económico, proveer bienes y servicios básicos, lograr el acceso y mejoramiento de la educación y protección de los derechos y garantías a los pueblos indígenas.
Recordó que en el país existen 12 millones de personas indígenas, pertenecientes a 68 pueblos, ubicados principalmente en 21 entidades federativas.
