Emir Olivares Alonso
Ciudad de México. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) exigió que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso de la familia que fue víctima del presunto enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) e integrantes del crimen organizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el domingo pasado.
Además, esta organización civil solicitó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realice una investigación detallada “de esta masacre”, que dejó dos mejores de edad y a su madre muertas por los impactos de bala, así como al padre gravemente herido.
Lo anterior, remarcó, para evitar que el caso sea llevado a tribunales militares “que garantizan impunidad a sus efectivos”.
La Redim solicitó al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, y al titular de la Semar, Vidal Francisco Soberón Sanz, ordenar las medidas de protección necesarias para ofrecer garantías de seguridad a la familia afectada por este hecho y las organizaciones que acompañan la defensa.
“Exigimos una investigación profunda e imparcial sobre el asesinato de las niñas y su madre en los hechos antes señalados, deslindando responsabilidades de funcionarios implicados por omisión y/o violación de derechos, castigando a todos los responsables de los mismos y que todo se realice desde tribunales civiles. Exigimos que se indemnice a la familia y se brinden todos los servicios médicos disponibles y rehabilitación de calidad y de forma gratuita para las niñas sobrevivientes”.
La organización reiteró su rechazo a la Ley de Seguridad Interior (LSI), que entró en vigor hace unos meses, “ya que, se ha demostrado cómo ha fallado la estrategia de lucha contra el crimen organizado que ha provocado el incremento explosivo de los indicadores de homicidios, desaparición y delitos del fuero federal. Sacar al ejército a las calles con la LSI para asumir tareas de seguridad pública en apoyo, y en la mayoría de los casos, sustituyendo a las autoridades civiles ha contribuido a la fragilidad institucional del Estado mexicano. Este tipo de casos quedarán en impunidad con esta norma, por ello es urgente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declare inconstitucional”.
Enfatizó que después de los hechos, la Semar emitió un comunicado sobre presuntos ataques de grupos criminales, en el que se menciona la muerte de algunos agresores; “y de forma ofensiva omite informar sobre la masacre de la familia”.
Lamentó además que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, “olvide su obligación de proteger a la dignidad de las niñas asesinadas y la atención urgente a las otras dos niñas heridas de gravedad. Al ser el Presidente del Sistema de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes de Tamaulipas está obligado por el Artículo 4 de la Constitución. a trabajar por el interés superior de la niñez y dar prioridad a las niñas que resultaron víctimas de este operativo de la Marina”.
En meses recientes la Redim ha reiterado su preocupación por la creciente presencia de niños, niñas y jóvenes como víctimas de armas de fuego. “Cada día en México son asesinados tres niñas, niños y adolescentes, y según datos presentados por la sociedad civil a la CIDH, entre 2006 y 2014, existieron cerca de 2 mil asesinatos de menores, de los cuales la mitad sucedió en el curso de enfrentamientos que involucraron la participación de las fuerzas de seguridad”.
