Alonso Urrutia
Ciudad de México. Entre demandas de partidos de que se le retire ya la candidatura presidencial, la propuesta frustrada del consejero, José Roberto Ruiz Saldaña de que se le promoviera juicio político, el Instituto Nacional Electoral aprobó dar vista a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, el Servicio de Admnistración Tributaria y el congreso de Nuevo Nuevo León, por las irregularidades detectadas por financiamiento ilícito e involucramiento de funcionarios públicos para la recolección de firmas de Jaime Rodríguez Calderón.
Al resolver quejas y procedimientos oficiosos iniciados por el INE respecto al financiamiento recibido durante el periodo de recolección de firmas, el organismo aprobó tres multas que, en conjunto suman 739 mil pesos. Sin embargo, en los dictamenes se advierte que el monto se atenúa sustancialmente porque la ley limita las sanciones económicas cuando se trata de personas físicas.
Sin embargo, en los proyectos aprobados de forma unánime se advierte que el monto de irregularidades involucradas asciende a 12.8 millones de pesos por lo que, de aplicarse los criterios utilizados por la Unidad Técnica de Fiscalización cuando involucra a partidos políticos, se proyectaría una multa que debería ascender a 25 millones de pesos a Rodríguez Calderón.
Durante la sesión del Consejo General, el consejero Ciro Murayama describió que “en total mil 35 personas registradas como auxiliares de El Bronco recibieron pago vía estas tarjetas que fueron fondeadas por tres empresas mercantiles: Grupo Comercial Gruten S.A de C.V., Altar 27-15 S.C. y Pizerra Construcciones S.A. de C.V. La Unidad Técnica”.
Murayama alertó que el 89 por ciento de las donaciones que recibió Rodríguez Calderón provenían de triangulaciones de empresas mercantiles, que tienen prohibido por ley. Fueron fondeadas el año pasado y se aportó a personas de escasos recursos que a su vez, al día siguiente de haber recibido los recursos aportaron donaciones superiores a 100 mil pesos a Rodríguez Calderón.
En paralelo, se comprobó que al menos 25 mil firmas de apoyos fueron recolectadas por funcionarios públicos de más de una veintena de dependencias del gobiernod e Nuevo León que enviaron los apoyos en sus horarios laborales. Además, la mayoría de los detectados confirmaron que los aparatos les fueron proporcionados para utilizarlos en apoyos para el gobernador con licencia.
En su oportunidad, Pamela San Martin recordó que en una etapa del proceso de recolección de firmas, Rodríguez Calderón tenía la doble calidad de ser gobernador y a la vez aspirante a candidato presidencial. Por ello, señaló que tiene responsabilidad del involucramiento de funcionarios de su gobierno en la obtención de firmas de apoyo.
Por todo ello, se determinó que ante conductas de Rodríguez Calderón que constituirían indicios de delitos electorales, se remitió el expediente a la Fepade para indagar el desvío de recursos públicos con fines electorales, el financiamiento ilegal de empresas mercantiles, entre otras. Expediente que también se le turnará.
Además, el uso de empresas sobre los cuales se detectaron irregularidades de orden fiscal, el INE dará vista al SAT para investigar delitos de orden fiscal.
