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Managua. Opositores que exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega volvieron a marchar pacíficamente hoy en Managua, la capital de Nicaragua, donde los obispos expresaron que evaluarán su continuidad como mediadores en el diálogo nacional y los universitarios anunciaron nuevas marchas contra el Gobierno.
Bajo el lema “De que se van, se van” y exigiendo la libertad de los líderes opositores y manifestantes detenidos, miles de personas marcharon por una de las principales avenidas de la capital.
Este fin de semana miles de personas salieron a las calles de Managua, León, Estelí y otras ciudades del país pese a las amenazas de los grupos de choque oficialistas y de paramilitares que han atacado otras movilizaciones pacíficas.
En tanto, líderes universitarios anunciaron una nueva marcha pacífica para este lunes 23 de julio, fecha simbólica en la que se celebra el Día del Estudiante y que conmemora el asesinato de cuatro estudiantes universitarios que se manifestaban contra la dictadura somocista en la ciudad de León en 1959. Con las clases suspendidas en casi todos los niveles educativos desde que estallaron las protestas, los estudiantes comunicaron a través de un video que se sumaban al clamor estudiantil y que solo retornarán a las aulas de clase “bajo condiciones de democracia”, una de las exigencias hechas al Gobierno por la opositora Alianza Cívica, que integran junto a campesinos, empresarios y sociedad civil.
En tanto, el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), cardenal Leopoldo Brenes, anunció hoy que los obispos se reunirán la semana próxima para evaluar su continuidad como mediadores en el diálogo nacional.
Al concluir la misa dominical en la Catedral, el arzobispo de Managua negó nuevamente que los obispos sean “parte de un plan golpista”, tal y como acusó el mandatario, razón por la que los “descalificó” como mediadores y testigos del diálogo nacional, que inició en mayo y está estancado.
El mandatario también acusó a la CEN de apoyar a “grupos satánicos y criminales”, en alusión a los manifestantes antigubernamentales, y de usar “muchos templos como cuarteles para almacenar armas y bombas”.
Pero Brenes dijo hoy que los templos católicos abrieron sus puertas a los manifestantes desarmados, retomando un pensamiento del papa Francisco que mandaba a las iglesias a “convertirse en hospitales de campaña” en zonas de mucha violencia. “En una actitud de humanidad eso fue lo hicimos”, dijo.
“En ningún momento los obispos han permitido que alguien entre con armas a las iglesias”, reiteró.
Sobre el desalojo del campamento de madres y esposas de los encarcelados en El Chipote, que fue trasladado a los predios de la Catedral de Managua, el prelado señaló que “tener un hijo en la cárcel es duro, es un gran dolor, creo que hay que tener consideración para ellas”.
El Gobierno convocó este sábado a partidarios y empleados públicos a marchar hacia El Chipote con la intención de desalojar con violencia el campamento, denunciaron activistas de derechos humanos. “Quizá debió ser en otro momento (la marcha oficialista). Gracias a Dios no se les ultrajó (a los familiares) y la iglesia las acogió con humanidad”, dijo Brenes.
Hoy el sitio de noticias Confidencial hizo pública una carta del reconocido teólogo de la liberación y antiguo aliado de los sandinistas Leonardo Boff, en la que manifestó su apoyo a los obispos de Nicaragua.
Boff, brasileño y presidente de honor del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de Petrópolis, se declaró “perplejo por el hecho de que un Gobierno que condujo la liberación de Nicaragua pueda imitar las prácticas del antiguo dictador”.
“Nicaragua necesita del diálogo, pero antes de todo necesita que las fuerzas represivas cesen de matar, especialmente a jóvenes. Esto es inaceptable. Nicaragua necesita paz y de nuevo paz”, señaló la misiva.
Nicaragua vive su peor crisis política en 40 años desde que comenzó la protesta estudiantil el 18 de abril, que se agravó tras la violenta acción de la Policía y paramilitares contra manifestantes civiles desarmados que ha se cobrado la vida de más de 350 personas, según organismos independientes de derechos humanos. El Gobierno solo reconoce 49 muertos.
