Alonso Urrutia
Ciudad de México. En vísperas de que este miércoles la comisión temporal de presupuesto del Instituto Nacional Electoral se constituya formalmente para coordinar los trabajos de elaboración de la propuesta que enviarán a la Secretaría de Hacienda, consejeros electorales coincidieron en que si se realizan las adecuaciones legales que modifiquen a la baja sus percepciones salariales, el organismo acataría el nuevo marco de austeridad.
De igual forma, ante el anuncio de Morena de que renunciará a cobrar la totalidad de las prerrogativas que le correspondan, señalaron que en principio, los partidos deberían asumir el esquema legal de renunciar previamente a parte del financiamiento público que les corresponde. Sin embargo, si se busca reducir permanentemente este financiamiento, se debe modificar la fórmula de financiamiento público.
El consejero electoral, Benito Nacif destacó que no hay objeciones a la reducción salarial pero que deben cuidarse los aspectos legales que sustenten jurídicamente la medida. Refirió que las atribuciones para regular la estructura salarial de la administración pública la tiene la Cámara de Diputados que, de aprobarse, el Instituto estaría obligado a cumplir la ley.
A su vez, el consejero Marco Antonio Baños subrayó que si existe disposición de los partidos debería revisarse la fórmula de financiamiento público vigente que en la actualidad es del 65 por ciento de una Unidad de Medida Administrativa multiplicado por el padrón electoral. Reconoció que en la última reforma electoral se realizaron incrementos que duplicaron, a nivel estatal, las prerrogativas partidistas que pudieran ahora revisarse.
Reconoció que en la actualidad algunos partidos sobreviven incluso con la mitad de las prerrogativas como consecuencia del cobro de las multas que realiza el INE por incurrir en irregularidades, lo que da cuenta de que pueden tener menor financiamiento.
