María Elena Yrízar Arias
Según se lee en la Ley del Sistema de Seguridad Pública en el Estado de San Luis Potosí, en la última reforma publicada en el Diario Oficial con fecha 25 de febrero de 2017, “la seguridad pública es un bien jurídico tutelado por el Estado, de la mayor prioridad en su agenda. La obligación gubernamental de proveer a los ciudadanos de seguridad, tranquilidad y certeza sobre su integridad personal, patrimonial y social, es un deber no sólo alusivo a los fines deseables que debe cumplir todo orden social, sino más profundamente, se reconoce como una precondición fundacional de los estados modernos y, la base esencial, sobre la cual pueden ejercerse la totalidad de los derechos.”
La LIX Legislatura, consciente de la importancia en la actualización del marco jurídico que regula las funciones de la seguridad pública, se dio a la tarea de elaborar un nuevo homologado a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tomar como punto de partida el cuerpo normativo que la propia Legislatura aprobó el 14 de diciembre de 2009; lo que permitió presentar una iniciativa acorde a la operación de las instituciones en este rubro que requiere el Estado de San Luis Potosí en beneficio de sus habitantes.
Por ende, la ley busca, a partir de la incorporar los criterios de coordinación institucional, eficiencia organizacional, transparencia administrativa, participación ciudadana, y precisión legislativa de atribuciones y competencias, preservar y consolidar la tranquilidad social con que los potosinos desarrollan la amplia gama de actividades cotidianas que dan sentido, soporte y rumbo a nuestra Entidad.
Esta legislación asume que la seguridad pública es uno de los derechos inherentes a la dignidad humana de las personas; que las mismas son el cuerpo social del pacto que llamamos Estado y, que garantizarla, es uno de los rasgos civilizatorios de nuestra convivencia.
Este ordenamiento tiene fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos, 21, y 115fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80 fracción XVI, 88, 89 y 114 fracción III incisos h) y j) párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado. Esta nueva ley respetuosa de lo estipulado en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, se integra al Sistema Nacional de Seguridad Pública; método único que por mandato constitucional, tiene por objeto para su integración, organización y funcionamiento, establecer una clara distribución de competencias y bases de coordinación entre la Federación, el Estado y los municipios, que se regula en esta Ley con las atribuciones de las instancias a nivel estatal y municipal que habrán de H. Congreso del Estado potosino y el instituto de Investigaciones Legislativas establecer los instrumentos, políticas, acciones y servicios tendientes a cumplir los fines de dicho tópico.
Lo anterior puede leerse en: http://www.congresoslp.gob.mx 2).
Hemos considerado la importancia de precisar lo que dice la ley al respecto de la inseguridad, por la simple razón de que si bien es un tema muy sensible que tiene a la ciudadanía en un sentimiento de ineficacia por parte del Gobierno para combatir este fenómeno que cada día crece y permea a las capas que integran a la sociedad en todo el territorio potosino y que la misma ley a que he hecho referencia establece que el asunto de la seguridad debe ser de la mayor prioridad en la agenda del gobernador del Estado.
Los diputados del Congreso local, mediante un punto de acuerdo, han convocado al gobernador Juan Manuel Carreras a comparecer ante el pleno de la cámara y tratar el tema de inseguridad. Por su parte el gobernador les puso condiciones a los diputados para comparecer este martes próximo, entre ellas que se le mandara un formato de preguntas para poder estar en posibilidades de contestarlas. Pidiendo que se las manden dos horas antes del evento, lo que les pareció impropio del gobernador y hasta ofensivo, lo anterior lo declaró el subsecretario de Enlace Institucional del Gobierno Estatal, Juan Ramón Nieto Navarro, quien preciso a los diputados que tendrá que ser un ejercicio enmarcado en un tema de respeto entre poderes, “no de golpeteo político ni de satisfacción personal de algunos diputados”. La dinámica será que el gobernador expondrá 15 minutos sobre el tema y cada diputado tendrá cuatro minutos para hacerle preguntas al gobernador.
Por su parte, ayer el gobernador Carreras declaró ayer estar en mayor disposición de comparecer al Congreso de los diputados y dar a conocer las estrategias que han sido implementadas en materia de seguridad. Según la ley vigente, debe ser mayor prioridad del gobernador atender este rubro de seguridad y garantizarla; según esto, es uno de los rasgos civilizatorios de nuestra convivencia.
Pero la realidad que domina en la sociedad es la inseguridad ciudadana, que se define como el temor que tienen las personas a ser víctimas de posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones, extorsiones y muerte, que hoy en día es una de las principales características de todas las sociedades modernas, y es que vivimos en un mundo en el que la extensión de la violencia se ha desbordado en un clima generalizado de criminalidad. Aunque lo nieguen las autoridades que deben combatir la inseguridad.
Algunas de las causas de la inseguridad estarían dadas por el modelo de desarrollo socioeconómico imperante en la mayoría de países latinoamericanos, que facilita la mayor concentración de riqueza en pocas manos y el conjunto de las actuales políticas macroeconómicas han traído graves consecuencias para las condiciones de desigualdad de vida de la población, la cual debido a sus múltiples carencias, en su lucha por la subsistencia, reacciona de diversas maneras, entre ellas con atentados contra la propiedad privada y con otros delitos que conllevan violencias sociales y políticas, según se define en: https://es.scribd.com/document/115324141/Inseguridad-Ciudadana-Concepto-y-causas
Aquí el aspecto a considerar es que, si bien la seguridad debe garantizarla el gobierno del estado, lo que hasta ahora han hecho no ha frenado la delincuencia que está haciendo de las suyas en todo el estado. Las encuestas dicen que los potosinos no se sienten seguros. Ahora bien, según la ley debe ser prioridad de su gobierno el rubro de inseguridad ciudadana, que desgraciadamente surge y se define en la actualidad como un fenómeno y problema social en sociedades que poseen un diverso nivel de desarrollo económico, múltiples rasgos culturales y regímenes políticos.
Aquí habrá que ver si realmente los diputados tienen el pulso de la inseguridad que predomina o bien sólo están fintando que el tema realmente les preocupa y ahora quieren hacerle cierta presión al funcionario gubernamental para cambiar la prioridad del gobernador, que si bien se ha ocupado mucho del crecimiento económico de la entidad, tiene un reclamo generalizado por el pueblo que quiere paz y tranquilidad en todos lados.
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