Alejandro Alegría
Ciudad de México. Al tiempo que el sector privado celebró que la actual administración busque combatir la corrupción, también pidió construir instituciones sólidas para combatir ese mal que es considerado como un obstáculo para hacer negocios.
En el contexto del Día internacional contra la corrupción, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, indicó que durante 2018 la corrupción se convirtió en el segundo problema más importante para los mexicanos, sólo detrás de la inseguridad, pues se halla en todo tipo de transacciones e incluso en el desvío de recursos públicos.
Comentó que en términos económicos, los altos niveles de la corrupción impactan en las economías en la reducción de 5 por ciento del PIB en la inversión, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que el Foro Económico Mundial (WEF), el Banco de México, el Banco Mundial (BM) y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) estiman que este problema cuesta a México entre 2 y 10 puntos porcentuales del PIB nacional.
Castañón indicó que el sector privado celebra que la actual administración haya establecido el combate a la corrupción como una prioridad, pero pidió a los tres niveles de gobierno que para lograr ese objetivo se construyan instituciones sólidas y fuertes que permitan, como es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción el cual aún no está “completo y con capacidad para ejercer sus funciones a cabalidad”.
“México tiene que iniciar una cruzada para cerrar espacios a la discrecionalidad de los servidores públicos, terminar con el desvío de recursos gubernamentales y, en general, dejar atrás los beneficios privados por el ejercicio de una responsabilidad pública”, aseveró.
Admitió que la corrupción no solo es responsabilidad del sector público, sino de todos los individuos que conforman la sociedad y es por ello que en todos recae la misión de combatirla, primero desde la cotidianidad.
Abundó que que la IP busca “seguir trabajando con el nuevo gobierno para establecer una regulación más efectiva y transparente, simplificar esos trámites y digitalizarlos para que sean más eficientes, transparentes y menos discrecionales”.
“Debemos transformar la cultura cívica mexicana para que la corrupción sea intolerable y la denuncia ciudadana permita castigar a quienes la cometen, en lo público y en lo privado”, concluyó.
Comentó que el sector empresarial también se ha comprometido a combatir este mal y por eso fue incluido un capítulo anticorrupción en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual, además de ser el primer acuerdo con este tipo de cláusulas, permite tipificar los delitos de soborno y enriquecimiento ilícito y obliga a los tres gobiernos a establecer medidas eficaces para su prevención y sanción.
Agregó que en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) crearon el Modelo de Programa de Integridad Empresarial y, por otra parte, actualizó el Código de Integridad y Ética Empresarial el cual previene y sanciona los actos de corrupción.
