Emir Olivares Alonso
Ciudad de México. El sexenio de Enrique Peña Nieto, que concluyó hace unos días, fue un periodo “brutal” para el ejercicio de la protesta social. Quienes salieron a las calles para ejercer su derecho a la libre manifestación y la protesta enfrentaron constante criminalización, represión, estigmatización y restricciones legales o a través del uso arbitrario de la fuerza.
Así lo concluye el documento “La resistencia: informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-2018”, en el que se documentó que tan sólo de julio de 2015 a noviembre de 2018 se dieron 175 casos de represión a quienes protestaban en varias entidades del país, en la que participaron desde policías estatales, federales y/o elementos de las fuerzas armadas.
Las agresiones incluyeron hostigamientos, detenciones arbitrarias, violencia física, ejecuciones extrajudiciales, tortura, uso arbitrario del sistema penal, amenazas, intimidaciones, encapsulamientos, uso de armas letales y no letales como balas de goma o gases lacrimógenos, procesos judiciales, entre otros.
En conferencia, integrantes de las 11 organizaciones que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), que elaboró el informe, detallaron que desde el día de su toma de posición de Peña Nieto como mandatario federal, el 1 de diciembre de 2012, se dio una serie de actos represivos contra quienes protestaban por su llegada a la Presidencia. “Fue un pinto de partida simbólica y reprobable, que nos mostró lo que vendría en los siguientes seis años”.
Del total de casos de represión documentados en el informe, 57 se dieron en la Ciudad de México, 17 en el estado de México, 17 más en Oaxaca y 14 en Michoacán. Dos de los casos más emblemáticos son: Nochixtlán, Oaxaca, en 2016, y Tiripetío, Michoacán, en 2017.
En 36 por ciento de los casos las movilizaciones y protestas tenían que ver con violación a los derechos laborales, la mayoría de ellas las encabezadas por el magisterio disidente contra la reforma educativa; y 28 por ciento estaba ligado a vulneración a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sobre todo por el arrebato de tierras, territorios y la defensa del agua.
Los actores de la represión son los agentes del Estado en la mayoría de los casos, en 98 actos los agresiones fueron policías estatales, en 20 casos elementos de la Policía Federal, en 17 entre agentes estatales y federales, y en seis policías en combinación con miembros de las fuerzas armadas, revela el informe.
Lo más común fueron los desalojos, con 30 casos; seguido del repliegue de las manifestaciones con 24, hubo 14 encapsulamientos y en 13 casos se usaron armas de fuego contra los manifestantes. Además, se dieron 46 casos de agresiones contra personas que documentaban la represión.
Sofía de Robina, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una de las organizaciones que conforma el FLEPS, recordó que durante el sexenio de Peña Nieto en 15 entidades del país se aprobaron legislaciones que criminalizan la protesta social, a través de normas ambiguas que permiten el uso letal y arbitrario de la fuerza pública o restringen el uso del espacio público.
En el informe, las organizaciones ubican varios retos para el nuevo gobierno federal y para los gobiernos locales: en primer lugar dejar de ver a la protesta social como un tema de seguridad pública y un acto de alteración del orden social, por el contrario, se tiene que adoptar un enfoque de derechos humanos y verla como un ejercicio de derechos y autonomía que robustecen la democracia.
Demandaron derogar las leyes que criminalizan este derecho y terminar con la impunidad de los agentes de Estado, incluida la cadena de mando, que participaron en estos actos de represión.
