- Los anuncios de Gertz
- Maquinación de Estado
- ¿Y el jefe Peña Nieto?
Julio Hernández López
Ha salido a escena el fiscal Alejandro Gertz Manero. Lo ha hecho al otro día de una marcha de protesta contra el obradorismo que, a pesar de su precariedad numérica y su dispersión política y organizativa, descansa sus expectativas de crecimiento en que en el obradorismo haya agudización de los problemas económicos, concentración de poder que permita sugerir autoritarismo e incluso “dictadura” y falta de resultados en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Al tercer punto, en el que reside la mayor esperanza de la base política del obradorismo pero, sobre todo, de la aún mayor base social volátil, que votó por el cambio pero no está atada a ningún partidismo y podría sentirse “decepcionada” con relativa rapidez, ha salido a dar respuesta el hasta ahora poco visible Gertz Manero. Y lo ha hecho de una manera contundente. Si las palabras, señalamientos y virtuales acusaciones que presentó ayer se convierten en acción justiciera, varios de los principales secretarios del gabinete de Enrique Peña Nieto deberían ser sujetos a proceso penal.
La destinataria inmediata de las principales revelaciones gertzianas es la malquerida Rosario Robles Berlanga, que así estaría prestando por segunda ocasión sus involuntarios servicios de saco de boxeo para desahogos pugilísticos del obradorismo y para ejemplificaciones punitivas selectivas. La primera batalla vigorosa del tabasqueño que llegó en 2000 a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México fue contra la antecesora, Robles Berlanga, que había ocupado de manera interina ese mismo cargo para suplir a Cuauhtémoc Cárdenas que a su vez había dejado el asiento ejecutivo de la chilanguez para ser candidato presidencial por tercera ocasión a nombre del Partido de la Revolución Democrática, que alguna vez existió.
Robles Berlanga ocupó las dos secretarías involucradas en el caso que parecería estar pintado para iniciar una arremetida justiciera desde Palacio Nacional, a través de la muy “autónoma” fiscalía gertziana: la Estafa Maestra. La expresidenta de aquello que fue el PRD pasó a las filas de Peña Nieto como una forma de “incorporar” figuras de “izquierda” distantes de López Obrador y dolidas con él. En el obradorismo y en la izquierda no asimilada por EPN se le consideró una traidora.
Pero no debería ser la economista de origen coahuilense, pero firmemente avecindada en la capital del país, la única pieza que debiera poner sus barbas políticas y judiciales a remojar. De acuerdo con la relatoría de presuntos “delitos de Estado” que podrían haberse cometido con la citada Estafa Maestra, una eventual guillotina marca 4T podría alcanzar a los titulares de las secretarías de Hacienda, de Educación y de la Función Pública.
A reserva de que la FGR obradorista precise modos, tiempos y circunstancias, los graves señalamientos realizados ayer podrían alcanzar a algunos de los principales personajes del peñismo (a menos que todo el barullo vaya a quedar solo en Rosario Robles, con amnistía para los peñistas de cepa): Luis Videgaray Caso y/o José Antonio Meade Kuribreña en Hacienda; Aurelio Nuño en Educación y Virgilio Andrade y/o Arely Gómez en la Función Pública. Y, en el caso Odebrecht, obviamente a Emilio Lozoya Austin.
El recuento de maquinaciones de Estado, los duros señalamientos de deficiencias, trampas y distorsiones en la Procuraduría General de la República, y el seco señalamiento de la utilización de este instrumento judicial para favores o persecuciones políticas, implica a cuatro procuradores generales: Jesús Murillo Karam, la antes mencionada Arely Gómez González, Raúl Cervantes Andrade y el nefasto encargado de despacho en el tramo final, Alberto Elías Beltrán.
Pero, en esta maquinación de Estado, en este mar de corrupción generalizada, un evidente responsable político e institucional se llama Enrique Peña Nieto. Habrá de verse si las ondas gertzianas de ayer llegan en serio a donde deben llegar o solo han sido respuesta sonora y diluible a una necesidad política.
El periodista Héctor de Mauleón ha sido amenazado en varias ocasiones a causa de los detallados reportes que ha publicado respecto a hechos delictivos de interés general. Además, ha sido un crítico constante de las formulaciones políticas de la actual administración federal y de la corriente morenista. Ayer, su nombre fue mencionado en primeras versiones como destinatario de la acción de personas armadas que habrían intentado asaltarlo o asesinarlo. En ese sentido se difundieron noticias en las redes sociales. Más tarde se precisó que, en realidad, había sido un intento de robo del automóvil del columnista De Mauleón, quien se encontraba comiendo en un restaurante cercano. El escoltador del periodista, un mayor retirado, disparó contra los presuntos asaltantes, con un saldo de un muerto, un herido y un fugado. Todo, en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Todo, en un ambiente político crispado, al que un hecho de sangre con un periodista crítico del poder actual habría sido magnificado y colocado en contexto político.
Es como pelearse por los gastos del funeral. En el Partido Revolucionario Institucional (lo que queda de él, más allá de las siglas) hay una discordia marrullera respecto al costo inherente a que el Instituto Nacional Electoral realice la elección interna que designe a un nuevo presidente del comité nacional del partido que aún utiliza los colores de la bandera nacional. En el fondo, la disputa es respecto al método de elección, que unos quieren manejar a su estilo clásico, con opacidad y con dados cargados, y otros desean innovar, buscando otra manera de beneficiarse de los mismos dados cargados. Lo peor, para los grupos priistas en pugna, es que sus perspectivas políticas son reducidas. Pero, aún así, pelean.
Y, mientras los operadores morenistas de las cámaras legislativas acomodan tiempos y documentos para avanzar en la aprobación de la reforma de la reforma educativa y en las leyes secundarias relacionadas con el esquema de la Guardia Nacional, ¡hasta mañana!
