- Lozoya habría obedecido órdenes
- Videgaray, Coldwell, Guajardo
- AMLO: reflotar la esperanza
Julio Hernández López
De pronto se ha producido una serie de detenciones o acciones judiciales que potencian al obradorismo y reinstalan la esperanza de cambio como motor político (y electoral). La detención del empresario Alonso Ancira y la orden de aprehensión contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, están en la cumbre de esta acometida justiciera. Además, han sido detenidos los contrapunteados jefes de los principales grupos delictivos de la capital del país (apodados el Tortas y el Jamón: directivos de la Fuerza AntiUnión y la Unión Tepito), se aprehendió al directivo de Ficrea (Rafael Olvera Amézcua) acusado de un fraude masivo contra ahorradores y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha adelantado que se está afinando el proceso de extradición de su antecesor priista, César Duarte.
La acumulación de buenas noticias justicieras (a unos días de elecciones estatales, que incluirán el relevo de gobernadores en Puebla y Baja California) tendrá desenlaces disímbolos pero, por lo pronto, desentrampa al presidente López Obrador, luego de un reciente acopio de circunstancias negativas o, cuando menos, muy polémicas. Por ejemplo, es probable que no terminen siendo tan profundas las incisiones en el cuerpo hasta ahora indemne de la corrupción institucional heredada (ayer mismo, el fiscal general, Alejandro Gertz, puntualizaba que la orden de captura de Lozoya no tiene relación con el caso Odebrecht, aunque mantenía el suspenso al decir que lo visto hasta ahora no es todo lo que habrá de verse), pero también es cierto que el lance de las órdenes de aprehensión (una, cumplida en España; otra, pendiente de ser cumplida) y la recuperación del espíritu punitivo contra los grandes ladrones de la historia política reciente han ganado inmediata aceptación en amplios sectores sociales y reflotan la confianza en que la amnistía contra corruptos, anunciada y sostenida durante el primer tramo del obradorismo gobernante, dé paso a eficaces batallas judiciales que sean congruentes con el sentido de la justicia.
Por lo pronto, el expediente Lozoya-Ancira ha sido escalado a niveles extraordinarios. El abogado Javier Coello Trejo, especializado en la representación legal de personajes de poder y de dinero que estén en situaciones de conflicto (en este caso, Lozoya Austin), ha metido al baile del escándalo y el amago judicial ni más ni menos que al exocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, y a una parte de los miembros de su gabinete, es decir, a aquellos que participaron en los consejos de administración de Pemex (Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell e Ildefonso Guajardo, por ejemplo) y que, por tanto, habrían aprobado las operaciones mercantiles irregulares o francamente delictivas que ahora le son endilgadas solo a Lozoya y a Ancira.
El abogado Coello Trejo no utilizó un lenguaje atenuante o esquivo. Hizo señalamientos secos que en una nación con salud democrática estarían provocando una gran conmoción: “Citaría (a diligencias judiciales en el caso Lozoya) hasta el presidente Peña Nieto para que declare, porque no se movía una hoja si no era por instrucciones del presidente. (…) Lo único que sí sé es que muchas operaciones se hicieron con la conciencia y convicción de que el presidente las ordenó”.
Como en película de mafiosos, el mensaje es claro: si Lozoya cae, o es dejado a su suerte, su jefe y excompañeros de gabinete podrían acompañarlo en el desastre. Habrá de verse, en ese contexto, si los procesos contra Lozoya y Ancira quedan circunscritos al terreno específico de Altos Hornos y la empresa Agronitrogenados o se extienden con contundencia (no como suerte secundaria y prescindible) al terreno minado de Odebrecht, el financiamiento con dinero extranjero de la campaña presidencial de Peña Nieto y la complicidad o dirección ejecutiva de este en las maniobras de corrupción que cumplió Lozoya.
A pesar de que las principales encuestas de opinión indican que los candidatos de Morena ganarán las elecciones de gobernador en Puebla y en Baja California, el obradorismo se ha empeñado en conseguir muy buenos resultados para mostrarlos como ejemplos regionales de una amplia aceptación nacional de las políticas del presidente López Obrador. No se busca solo el triunfo local sino la extrapolación a lo nacional: una especie de referéndum adelantado y extraoficial.
Hay circunstancias peculiares en esas dos entidades. Los dos candidatos previsiblemente triunfadores no lo serían por sí mismos, atenidos a sus prendas políticas personales, sino en función del arrastre electoral del presidente de la República. Miguel Barbosa y Jaime Bonilla son candidatos sumamente vulnerables, con historiales que en otras condiciones la “izquierda” y Morena estarían denunciando y repudiando. Parecen encaminados a la victoria electoral, pero no con aceptación social plena sino en función de la esperanza generalizada que continúa suscitando López Obrador y es transferida de manera automática, acrítica, a los postulados por este personaje mayor.
Los contrincantes de esos discutibles candidatos de Morena intentaron a su vez serlo por este mismo partido. Enrique Cárdenas, ahora postulado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, fue la carta original que López Obrador trató de postular en Puebla en lugar de Barbosa, en la elección frente a la panista Martha Ericka Alonso. Razones aún no explicadas llevaron al tabasqueño a dejar en el aire a Cárdenas y optar por Barbosa. En Baja California, Jaime Martínez Veloz también intentó ser postulado por Morena, primero a la gubernatura y, ante un inicial cierre de puertas, se enfocó hacia la presidencia municipal de Tijuana, pero fue trampeado por Leonel Godoy, delegado en esa entidad por parte del partido ahora hegemónico. Ahora es candidato a gobernador por el PRD y otras organizaciones regionales. ¡Hasta mañana!
