Emir Olivares Alonso
Ciudad de México. En una resolución inédita, un tribunal federal concedió al académico colombiano Miguel Ángel Beltrán un fallo en su favor al encontrar que el Instituto Nacional de Migración (INM) violentó sus garantías fundamentales al extraditarlo en 2009 de México a Colombia, donde se le acusaba de terrorismo y pertenecer a las FARC.
De acuerdo con la resolución judicial, la dependencia mexicana “violó los derechos a la libertad, al debido proceso y de asilo; así como los principios de presunción de inocencia y de no devolución, así como de continuar sus estudios en México (realizaba una estancia posdoctoral en la UNAM)”.
La justicia federal mexicana decretó además que se le tiene que dar una indemnización económica para reparar el daño que injustificadamente sufrió Beltrán y su esposa.
En conferencia, convocada por la organización Sin Fronteras –que acompaña legalmente al colombiano— y por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), se recordó que el 22 de mayo de 2009, Beltrán fue citado en el INM donde se le negó el trámite para solicitar refugio, pues salió de su país por el “hostigamiento” hacia su círculo cercano del régimen del ex presidente Álvaro Uribe.
Aun cuando el INM sabía que en Colombia corría peligro, decidió extraditar a Beltrán ese mismo día y le prohibió la entrada a México por 40 años. “En colaboración con el gobierno de Felipe Calderón, fue entregado a autoridades colombianas”, donde fue privado de su libertad por varios años y víctima de abusos y violaciones a sus garantías.
Tras la resolución del Tribunal, Miguel Ángel regresó a México, para exigir no sólo una indemnización económica, sino una reparación integral del daño que incluya que se le reconozca a él y su esposa como víctimas, una investigación y sanción contra quienes resulten responsables, una disculpa pública por parte del Estado mexicano y garantías de no repetición.
Describió que estos diez años fueron de un largo sufrimiento, pero a la vez, gracias al apoyo de diversos sectores tanto en México como en Colombia, como Sin Fronteras, “hemos logrado pequeños triunfos”. Ahora sólo espera retomar la normalidad de su vida, pues fue estigmatizado públicamente en su país, encarcelado y dado de baja de la Universidad Nacional de Colombia, donde era académico.
Ana Saiz, directora de Sin Fronteras, que no basta con la indemnización, pues se violentaron gravemente los derechos del colombiano.
Elizabet Arrollo, de Acnur, se sumó al apoyo a las exigencias de Beltrán y sostuvo que en la actual coyuntura que enfrenta México –con miles de migrantes solicitando refugio y asilo— su caso es emblemático para evidenciar lo que implica retornar a su país de origen a alguien que está en riesgo. Agregó que ya no sólo se migra por razones económicas, sino porque las vidas y la libertad corren peligro.
