Fernando Camacho Servín
Ciudad de México. Tras haber sobrevivido de forma milagrosa a la masacre de Apatzingán, ocurrida el 6 de enero de 2015, “Alejandro NN” huyó a la Ciudad de México para salvar su vida y exigir justicia, pero en vez de ello, se encontró un panorama en donde las autoridades federales no le han brindado las suficientes medidas de protección a él y a su familia, ni le han permitido revisar la averiguación previa del caso, con el argumento de que en el expediente “están involucrados altos funcionarios”.
Este viernes, “Alejandro NN” –seudónimo que le asignó el gobierno para proteger su identidad– decidió dar la cara públicamente por vez primera desde que llegó a la capital del país y realizó una manifestación en solitario frente a la Secretaría de Gobernación (SG), para denunciar que las autoridades no han respetado las medidas cautelares ordenadas en su favor por organismos internacionales, ni han garantizado su derecho a la verdad.
En entrevista con La Jornada, recordó que pudo sobrevivir al ataque realizado el 6 de enero de 2015 por elementos de la Policía Federal y el Ejército en contra de un grupo de civiles desarmados que realizaba un plantón frente al Palacio Municipal de Apatzingán, Michoacán, el cual dejó al menos 16 muertos y decenas de heridos. En su cuerpo aún lleva las cicatrices de seis heridas de bala, como recuerdo amargo de ese día.
“Me desplacé de Michoacán porque se metieron a mi casa varias veces la Policía Federal y la delincuencia organizada. Cuando comenzó la cacería de brujas, querían rematarnos para no dejar sobrevivientes, no dejar testigos de esa masacre”, cuenta.
Luego de salir de Apatzingán por sus propios medios, el joven llegó a la Ciudad de México y le solicitó ayuda a la SG, “pero me botaron y me dijeron que no podían protegerme”. El gobierno sólo accedió a cuidarlo cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se lo ordenó, tras emitir medidas cautelares en su favor.
Sin embargo, a decir de Alejandro, esas medidas nunca se han cumplido. Si bien es cierto que la SG lo ubicó en una casa a él y a seis miembros más de su familia –que lo alcanzaron después en la capital, cuando quedó claro que su vida también corría peligro–, jamás le ha brindado medidas de protección para evitar un ataque.
Como prueba de ello, afirmó, hace ocho días uno de sus hermanos fue secuestrado y torturado –aunque finalmente apareció con vida–, sin que las autoridades hayan hecho algo para impedirlo.
“A mi hermano lo dejaron en libertad, pero golpeado y torturado, y todavía no he podido hablar con él. Tengo un botón de pánico, pero no me sirve de nada: lo presiono y no llegan, o llegan tarde. Mi asesor jurídico de la CEAV, Luis Ángel Tejeda, me ha tratado del carajo. No me dan un trato digno y hasta me han negado atención médica”, lamentó.
Además de denunciar la falta de protección por parte del actual gobierno, Alejandro –quien se dedicaba al cultivo de aguacate y estaba a punto de cumplir 19 años en el momento de la masacre–ha señalado que no se le ha permitido revisar la averiguación previa sobre la matanza, lo que obstaculiza su derecho a la verdad.
“Quiero copias de la averiguación previa y me la están negando. Dicen que es confidencial porque hay funcionarios de alto nivel involucrados y es riesgoso, pero yo, como víctima directa, tengo acceso a esa averiguación, sea quien sea el responsable, aunque fuera el presidente de la República”, recalcó.
“Quiero el expediente para saber quiénes son los responsables, saber dónde van con la investigación, quién fue el que disparó. ¡No puede quedar impune, quiero justicia! Quiero respuestas, justicia, paz, libertad”, enfatizó.
