Emir Olivares Alonso
Ciudad de México. Vestidos de civil y sin identificarse, elementos de las policías Federal y Ministerial de Guerrero se enfrentaron a balazos en Acapulco, Guerrero, en febrero de 2014, causando la muerte de un civil ajeno a esas corporaciones “por el uso excesivo de la fuerza”.
Los agentes, indicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), no valoraron la gravedad de su actuar al dispararse entre ellos sin salvaguardar la integridad de las personas que se encontraban en el lugar.
Debido a que se acreditó una inadecuada investigación del caso, el organismo nacional dirigió la Recomendación 43/2019 a las fiscalías General de la República (FGR) y General del Estado de Guerrero.
Al investigar los hechos, la CNDH concluyó que la víctima falleció debido al enfrentamiento entre los elementos policiacos, quienes “no actuaron con la debida diligencia y acorde con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad, además no recurrieron a otros medios a su alcance antes de accionar sus armas de fuego, a pesar de contar con tiempo suficiente para realizar técnicas de intervención como utilizar altavoces e identificarse plenamente, ya que tuvieron contacto visual por varios minutos sin desplegar acción alguna, lo que transgredió los lineamientos sobre el uso legítimo de la fuerza aplicables para cada una de esas corporaciones”.
Además, cada corporación policial inició su propia investigación y omitieron ordenar la preservación del lugar de los hechos y la recolección de todos los indicios, lo que derivó en duplicidad de diligencias y pérdida de evidencias.
“La fiscalía estatal incurrió en irregularidades en la integración de la averiguación previa 1, al no ordenar el aseguramiento de las armas de fuego involucradas y los vehículos que tripulaban los Policías Estatales Ministeriales, la descripción de la posición exacta de los casquillos percutidos el día de los hechos y su aseguramiento; en tanto, el Ministerio Público de la Federación omitió realizar diversas periciales en la averiguación previa 2 como el dictamen en materia de química forense respecto de la existencia de elementos de pólvora por arma de fuego a los elementos de la Policía Federal Ministerial”, señaló el organismo.
Agregó que se debieron recabar todas las diligencias pendientes a fin de establecer nuevas líneas de investigación, y ordenar un estudio comparativo de las armas de fuego con la bala extraída del cuerpo de la víctima que pudiera ser realizado por un perito distinto a dichas instancias. Esas omisiones “afectaron la procuración de justicia y la verdad en agravio de las víctimas indirectas; entre otras violaciones a derechos humanos.
Por ello, la CNDH recomendó, entre otras, reparar integralmente el daño a los familiares de la víctima; y continuar y perfeccionar las investigaciones.
