Víctor Ballinas
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, presentará mañana martes una reforma constitucional a la Ley de Amparo para sancionar a quienes ejerzan la profesión de la abogacía procesal de manera indebida, tratando de obtener ventajas procesales al presentar testigos o documentos falsos, entorpecer o distorsionar deliberadamente el proceso jurisdiccional.
La propuesta del coordinador Monreal consiste en adicionar un artículo 260 BIS a la Ley de Amparo, en la que establece que “el abogado que participe en el proceso materia de la Ley de Amparo, que incurra en este tipo de faltas, sea sancionado por el Consejo de la Judicatura, a través de una amonestación verbal o escrita, suspensión temporal de ejercer la profesión o inclusive con la cancelación definitiva de la cédula profesional.
En la sesión ordinaria de este martes, el senador de Morena expondrá al pleno del Senado, su iniciativa de reformas a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, que tiene como objetivo erradicar las prácticas antiprocesales en los juicios de amparo que se ventilan ante el Poder Judicial de la Federación, ya que a pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción en los diversos ámbitos de la función pública, continúa siendo necesario revisar que los procesos se apeguen a la justicia y a la imparcialidad.
Resalta en su propuesta el político de Zacatecas, que dada la importancia del juicio de amparo en el país, como una institución del derecho mexicano para restituir posibles violaciones a los derechos consagrados en la Constitución, derivados de actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por la Carta Magna y en los Tratados Internacionales, esta iniciativa busca proteger el correcto desarrollo de los procesos en la materia.
Monreal señala en su texto que a pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción en los diversos ámbitos de la función pública, los indicadores ponen de manifiesto que la participación de la ciudadanía y un nuevo diseño normativo e institucional, por sí solos, no necesariamente llevan a su erradicación, sino que resulta necesario revisar la integridad judicial, en virtud de que un proceso judicial justo e imparcial es un requisito previo para la vigencia plena del Estado de Derecho.
