Federico Anaya Gallardo

La democracia implica debate. A veces podemos sospechar ignorancia o mala fe en nuestras contrapartes. Esto último se agudiza en sociedades complejas y más en temas enredados. Así las cosas, de entrada, debo declarar a quien me lea: Yo sí iré a votar en la Revocatoria del próximo domingo 10 de abril de 2022 y votaré porque el presidente López Obrador continúe en el cargo. A santo de este tema, quienes se oponen a la Revocatoria me han calificado de chayotero, comparsa, acarreado, abyecto, tonto, disparatado, impreparado, necio, cagante, infantil, orgulloso y, por supuesto… chairo.

El gusto por adjetivar nace de la pretensión de que nuestras contrapartes acepten en su totalidad nuestras posiciones. Y esto se pide de entrada, como acto de fe… como si nuestras posiciones (y las de los demás) no debiesen ser examinadas primero.

Esto puede resultar complicado en la encendida discusión de la Revocatoria en la que ambas partes tenemos problema para explicarnos. Ciertamente, quienes peor ridículo pasan en este duro tránsito, son las Derechas que critican acerbamente a López Obrador (y que incluso le acusan de ser un comunista embozado) pero que, al salir a la calle, exigen enfáticamente que el presidente continúe en su cargo: “Terminas y te vas”. Pero si somos sinceros, los obradoristas que sí deseamos votar y que votaremos por la continuidad del mandato presidencial, debemos explicar por qué nos puede tanto este ejercicio democrático, siendo que Andrés Manuel se mantiene muy alto en las encuestas de popularidad.

Para guiar esta nota y a riesgo de ser injusto con muchos de los debatientes, escojo el ensayito de David Gómez-Álvarez, “15 razones para no votar” publicado en Reforma y que pude leer gracias a la caridad de la amiga que me calificó de comparsa, abyecto y etcéteras. Importa el detalle: quien no sea suscriptor de Reforma depende de la caridad de sus semejantes para enterarse lo que allí se publica. Esto ubica social y políticamente el público al que se dirige ese medio. En parte es por ello que lo escojo.

Dice Gómez-Álvarez que se tergiversó la revocación al convertirla en una ratificación (razón 1), que la misma era innecesaria dada la popularidad del presidente (razón 2), que el presidente la manipula en su beneficio (razones 4 y 5), que el apoyo general a la institución no significa que sea general el apoyo a esta revocatoria (razón 6) y que se falsificaron firmas al hacer la solicitud (razón 14).

De entrada, decir lo anterior es una injusticia para un sector de las Derechas (FRENAA) que solicitó la celebración de la Revocatoria porque ellos sí desean que López Obrador se vaya ya. Los frenaaitas reunieron la nada despreciable cantidad de dos millones de firmas para ello. Estaban abajo del requisito de 2.75 millones (3% del padrón), pero no demasiado. Ahora bien, si los de FRENAA no alcanzaron la cota, ¿por qué habrá Revocatoria? Resulta que simpatizantes de López Obrador también solicitaron que se celebrase esta votación y a mediados de enero 2022, el INE reportó que ya había 2.84 millones de firmas válidas. Cosa interesante, apenas se rebasó el requisito de ley, el INE suspendió la revisión para no desperdiciar sus escasos recursos. Esa decisión oculta que estos promotores de la Revocatoria (que desean votar a favor de que AMLO siga) reunieron 9.72 millones de firmas. Dichos estos números, la cuestión empieza a clarificarse: 11.72 millones de ciudadanas (casi 13% del padrón) desearon que se realizara. 2 millones porque desean revocar el mandato y 9.72 millones porque desean ratificarlo.

En otras palabras, la institución-Revocatoria no sólo es popular en abstracto, sino que fue activada por cuatro veces el mínimo de firmas requerido. Es verdad que no todas las firmas colectadas por FRENAA y por el obradorismo resultaron válidas. Precisamente para ello es que hay una etapa de revisión por parte del INE. Y el árbitro declaró que se reunió el mínimo de 3%.

Es malo que se haya suspendido la revisión de las 9.75 millones de firmas obradoristas porque a la República le interesa saber cómo se han comportado los diversos recolectores de firmas. Recordemos el ejercicio de las candidaturas  independientes en 2017-2018: Marichuy no alcanzó la cota, pero en la revisión tuvo el mayor porcentaje de firmas válidas; Zavala sí alcanzó y rebasó la cota, pero con un gran porcentaje de firmas inválidas; El Bronco alcanzó y rebasó la cota y hoy está preso acusado de usar recursos públicos para lograrlo. Y recordemos que el año pasado Ariadna Bahena y Omar García reunieron –sin apoyo de partidos– 2.5 millones de firmas para la consulta sobre los expresidentes… la mayor parte de las cuales resultaron válidas.

Miente Gómez-Álvarez al sugerir que la mayor parte de las firmas en este ejercicio son “falsas”. Miente de mala fe o desde una posición de clase porque no reconoce que la pequeña experiencia en recolección de firmas nos muestra cómo las Derechas y los de Arriba hacen más trampas que las Izquierdas y los de Abajo. Y no lo dice un obradorista, ese es el dictamen del INE luego de revisar las firmas recolectadas por los más diversos personajes. (Me queda la duda de las firmas de FRENAA, que probablemente también fueron válidas en alto porcentaje. Ello sería una señal de que existe una Derecha popular en México. Un dato duro que hay que tomar en cuenta.)

Por otra parte, Gómez-Álvarez no entiende una obviedad: todos los mecanismos que ponen a prueba la confianza de un gobierno en ejercicio (incumbent) pueden ser usados por las dos partes de la polaridad que crean. Un gobierno (o sus seguidores) puede reforzar su posición poniéndose a prueba –ante el parlamento o ante el electorado. Esto no es tergiversación, sino uso democrático de una figura constitucional.

Aparte, Gómez-Álvarez y muchos otros, pierde de vista una realidad dura: López Obrador es popular pero no tiene el control ni de las cámaras federales, ni de la suprema corte. Esta última acaba (jueves 7 de abril de 2022) de declarar inconstitucional la reforma obradorista a la Ley de la Industria Eléctrica. Las y los ministros que así decidieron no alcanzaron la mayoría calificada que habría invalidado la Ley erga omnes. Pero de todas maneras, esta decisión a medias de la corte alimentará fuertemente el debate de la reforma constitucional obradorista en las cámaras, que es el segundo frente abierto por el presidente en este tema. Si olvidamos este contexto, la Revocatoria podría parecer un “capricho”. No. Es un campo de prueba de fuerza política. Y todos lo están usando. ¿Entiendes ahora, lectora, por qué el centro de los discursos en la gran concentración del miércoles 6 de abril de 2022 en el Monumento a la Revolución fue la Reforma Eléctrica? (The ball is over there!…)

Hasta aquí, he comentado seis de las quince razones de Gómez-Álvarez. Las nueve restantes se agrupan alrededor de dos temas: el conflicto de la Presidencia contra el INE y la formalidad jurídica. Respecto de lo primero, el argumento de Gómez-Álvarez es extraño… parecería que no-votar incide en el pleito de López Obrador y dos de los consejeros del instituto (Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón). De esto tratan las razones 10, 11, 12 y 13. También es obvio que Gómez-Álvarez toma partido por Lorenzo y Ciro. Pero, contradictorio, promueve la abstención, cuando él mismo nos explica que un fracaso en el ejercicio democrático será usado en contra del INE. Así las cosas, lectora, si decides que Gómez-Álvarez lleva razón en estas cuatro razones, ve y vota para que el INE no sufra más.

Más importante es la cuestión jurídica. Gómez-Álvarez denuncia que realizar la Revocatoria es inconstitucional porque es una aplicación retroactiva de la ley (razón 3). Recordemos que la Constitución puede establecer excepciones a la no-retroactividad (y en este caso lo hizo en los transitorios de la reforma que incluyó la Revocación de Mandato en el Artículo 35 de la Carta Magna). Pero aparte, lo que nunca ha estado prohibido es la retroactividad en beneficio. Y beneficiadas somos todas y todos los ciudadanos quienes, antes de 2018 no teníamos este instrumento de participación ciudadana y ahora sí lo tenemos.

Más complicado es hacernos cargo de lo que sigue. Gómez-Álvarez dice que es ilegal que el presidente hiciera propaganda sobre la Revocatoria (razón 7), que para cubrir esto se manufacturó un decreto legislativo que autorizaba esa propaganda (razón 8), que muchos funcionarios han desobedecido medidas cautelares de la autoridad electoral para no hacer propaganda (razón 9) y que se coacciona al electorado porque se sugiere que revocar implicaría perder programas sociales (razón 15). Aquí nos topamos con dos problemas, la inadecuada regulación de la institución y la esencialización de la ciudadanía. Ambos están entrelazados.

La regulación de la revocación de mandato mexicana es mala. Se incluyó como derecho ciudadano en la Constitución pero se le imponen –igual que a las consultas ciudadanas– reglas extrañas. Los legisladores (y teóricos que les acompañan) suponen que la ciudadanía, como la Patria de López Velarde, “es pura y diamantina”. Frente a ella, los partidos políticos son la personificación del maligno. Por tanto, ni consultas ni revocatorias pueden celebrarse al mismo tiempo que las elecciones constitucionales (lo que las condena a una muy baja participación). Por tanto, se prohíbe a todo mundo que haga campaña. Esto es aberrante porque en este mundo real, las sociedades democráticas desarrollaron sistemas de partidos políticos precisamente para debatir las grandes cuestiones nacionales. Pero, en el caso de la Revocatoria, esta mala y tonta regulación es peor. Revocar el mandato de la Presidencia significa evaluar su desempeño y, para ello, sería indispensable que quienes desean la revocación puedan argumentar y presentar elementos que convenzan al electorado. Igualmente, sería razonable que argumentase el gobierno en peligro de ser revocado. Esto último parece aberrante en medio de la larga lucha mexicana por sacar a los gobiernos de las contiendas electorales. Pero es patente que en este caso se requiere que el incumbent se defienda de quienes buscan su revocación. O bien, sería razonable que los partidos que ganaron la elección previa, argumenten por qué debe continuar el mandato. Incluso, podría ser que un partido parte de una coalición triunfadora decida apoyar la revocación porque sus coaligados le traicionaron. Uno no puede desechar a los partidos políticos a nombre de una ciudadanía abstracta que sólo existe en la mente de los teóricos.

De los razonamientos que te he compartido, lectora, queda clara mi opinión. Es bueno tener Revocatoria. Es bueno acudir a votar, no importa en qué sentido. Yo votaré por que Andrés Manuel termine su sexenio, y creo que ese será el sentido de la mayoría. Sin embargo, quien desea que este gobierno se vaya ya o quien cree que ha traicionado sus promesas o quien cree que es realmente neoliberal, todos ellos tienen el deber de votar por revocar. Contrario a quienes llaman a abstenerse, el opositor del actual gobierno debería saber que mientras más votos haya por revocar más claro será para el obradorismo cuáles son sus límites democráticos. Y los límites democráticos siempre son buenos.

Ciertamente, la regulación de la institución es mala y habrá que reformarla. Al hacerlo, convendría recordar por qué salió tan defectuosa la norma vigente (descubriremos que la oposición jugó a que en el futuro sus presidentes/presidentas no puedan ser revocados). Pero por ahora hay que salir a votar y demostrar que son posibles los ejercicios de democracia directa.

agallardof@hotmail.com

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