Federico Anaya Gallardo
La semana pasada, lectora, te conté del Affaire Dreyfuss en Francia (1894-1898) y cómo ese escándalo perduró en el recuerdo de las y los mexicanos. Vimos cómo el profesor Orgaz encontró las conexiones entre el liberalismo que engendró a los Dreyfusards franceses con el que profesaban los liberales mexicanos –y cómo se contrastaban. Hoy día, en la superficie social del México del siglo XXI, sólo queda la exclamación de Zolá: “¡Yo acuso…!”. Pero no es poca cosa. ¿Por qué un buen hombre, literato famoso (aunque nunca Académicien) debió publicar una carta acusando al presidente de la República y al Ejército de una terrible injusticia?
Cuando yo era chico, mis abuelos Gallardo-Flores (él periodista masón, ella profesora normalista) me recomendaron con insistencia dos lecturas: Corazón, Diario de un niño (Edmundo de Amicis, 1886) y El proceso Dreyfus: Historia del Crimen Judicial más escandaloso del siglo XIX (Bruno Weil, 1931). Ahora sé que la novelita de Amicis era mal vista por los católicos porque en ella jamás se menciona ni la religión ni la iglesia. El libro de Weil es una denuncia contra la violación de derechos humanos a nombre de “la razón de Estado”. (Caigo en cuenta que tenía buenos controles de lectura en mi casa de Torreón.)
En medio de la tormenta causada por el Affaire, en 1898, se fundó en París la Ligue des droits de l’Homme (Liga de los Derechos del Hombre), una de las primeras organizaciones civiles de derechos humanos –que hoy día se ocupa de litigar en defensa de los derechos de los migrantes a Francia. Frente al antisemitismo de los Anti-Dreyfusards, los defensores del capitán malamente acusado argumentaban que todos los hombres (y todas las mujeres) tenían los mismos derechos en cuanto que ciudadanos de la misma República.
Hace algunas semanas publiqué en Potosí Noticias una serie de reseñas sobre películas que han tratado el Affaire. En una de ellas concluí diciendo que era muy triste que en nuestro México no hubiese “entre nosotros una persona equivalente a Marie-George Picquart –un oficial militar que nunca dejó de creer en la República, en la Justicia y en la Ley. En México no hay prisioneros del honor como él”. Un amigo abogado de café me decía que “hubo uno: el general Gallardo”…
Sin duda hay conexiones. José Francisco Gallardo Rodríguez (1946-2021) fue encarcelado entre 1993 y 2002 por haber propuesto la creación de un ombudsman militar y fue considerado un preso de conciencia por Amnistía Internacional. A mi amigo abogado le contesté que para mí Gallardo se parecía más al propio capitán Dreyfus, pues fue víctima de una injusticia parecida ante la justicia militar. Pero insisto en que, en nuestro México, no ha aparecido aún un equivalente al coronel Picquart.
Ahora bien, en el caso de Gallardo tenemos un paralelo que lo une a ambos personajes del caso francés. La institución armada acusó –tanto a Dreyfus como a Picquart– de traicionar al Ejército. Y esto es lo que queda al centro del caso mexicano. El general Gallardo prefirió sostenerse en su demanda a favor de los derechos humanos más allá de la cerrazón de su Superioridad.
Igual que Dreyfus y Picquart, Gallardo fue acusado injustamente por la alta jerarquía militar. Insistió en escribir y exponer –en todos los foros en que participó– que las fuerzas armadas deben sujetarse al poder civil y respetar los derechos humanos. La diferencia es que mientras Dreyfus fue finalmente reinstalado y reconocido como oficial de Estado Mayor, y Picquart llegó a ser ministro de la Guerra, nuestro Gallardo fue expulsado sin apelación de los círculos militares mexicanos.
De hecho, a mí me tocó ser testigo de un bochornoso incidente en una de las salas de conferencias del Palacio Legislativo de San Lázaro. El diputado Jaime Cárdenas Gracia había organizado debates sobre derechos humanos en la LXI (61) Legislatura federal (2009-2012) y uno de los ponentes era el general Gallardo. Apenas empezó este último su exposición, detrás de mí alguien gritó: “¡Usted no es general! ¡Usted no tiene derecho a que lo presenten como general! ¡La justicia militar le ha retirado sus grados y patentes!” Al voltear pude ver que se trataba del general Luis Garfias Magaña –un muy reconocido historiador militar. Esta anécdota nos muestra el nivel de “santa indignación” que generó entre el Alto Mando la heterodoxia de Gallardo. Muchos de sus compañeros de armas jamás lo han reivindicado.
Las fuerzas armadas de nuestra República siguen sin tener un ombudsman. A Gallardo se lo llevó la pandemia en 2021. Han pasado tres años y su legado no ha sido retomado. Ciertamente, algo hemos avanzado. Cuando las fuerzas armadas violan derechos humanos sus oficiales (y ahora también sus jefes) son juzgados en tribunales civiles –¡pero si se les dicta prisión preventiva la sufren en una prisión militar y reciben asesoría legal y defensa gratuita de la Sedena!
Hoy insisto en este espacio que las fuerzas armadas mexicanas no han producido aún un equivalente del coronel Picquart: Este fue el investigador –originalmente “dentro del sistema”– encargado de darle carpetazo al Caso Dreyfus; pero Picquart, al descubrir que se había mentido para hacer una acusación falsa y que el verdadero traidor-espía seguía trabajando con los alemanes, rompió el silencio institucional. Picquart trabajó primero dentro y luego fuera. En esto, efectivamente, nuestro Gallardo se parecería a Picquart. Pero el parecido termina pronto, pues Picquart rompió el sistema desde dentro y luego lo venció desde fuera. Recordemos que terminó siendo ministro de la guerra en 1906. Y una vez de regreso en el “adentro” restauró el honor que la falsa acusación contra Dreyfus había manchado.
Reconozco que al hacer comparaciones entre sociedades y entre épocas debemos ser prudentes y no estirar demasiado nuestras premisas. Sin embargo, recordemos cómo Orgaz Martínez encontró el mismo ideario político liberal en la Francia y el México decimonónicos. En esta tercera década del siglo XXI, las y los mexicanos a cada rato regresamos a los tiempos de la República Restaurada –buscando la democracia que construyó la gran generación liberal (Cosío Villegas dixit) y hurgando en aquella primera versión de nuestra Constitución ideas que nos ayuden a resolver problemas de hoy (elegir democráticamente a los ministros de la Suprema Corte y a los fiscales).
Paradójicamente, nuestra República nunca ha debatido con profundidad a sus fuerzas armadas. En el debate de la supuesta militarización en la Administración López Obrador, los críticos insisten en la santidad del Artículo 129 Constitucional –¡cuyo texto no ha cambiado desde 1857 y aún habla de castillos!
Hasta ahora, no ha habido en México un caso judicial equivalente al Affaire Dreyfus. La justicia civil no ha tenido nunca la oportunidad de corregir al Alto Mando de las fuerzas armadas de manera clara y definitiva, de forma espectacular. Justo Sierra Méndez, ese bizarro liberal-conservador, levantaría la mano ahora mismo y exclamaría: “—¡Y qué bueno que no ha habido necesidad! Francia estuvo al borde de un golpe de Estado conservador.”
Acaso el Affaire Ayotzinapa, guardadas las distancias social y temporal, podría servir a la sociedad mexicana para poner un hasta aquí definitivo a la idea de que cualquier cosa que haga un mando militar (cualquier mando militar) necesariamente es correcta y bondadosa. (Y si hay dudas, debe ser enterrada y olvidada “prudentemente”.) La institución armada, en una República democrática, deja que las y los civiles vigilemos con respeto –pero muy exigentes– cómo se comportan las mujeres y los hombres encargados de la función militar.
Cierro este apunte con una frase de otro gran Dreyfusard: Georges Clemenceau (1841-1929). Le llamaban Le Tigre. En 1887, mucho antes del Affaire Dreyfus, este político liberal, republicano, radical y anticlerical exclamó un día: —La Guerre! C’est une chose trop grave pour la confier à des militaires! (¡La guerra! ¡Algo demasiado grave como para confiársela a los militares!).
Para nuestra desgracia, en México el único Tigre que hemos tenido es Miguel Nazar Haro (1924-2012), ese señor oscuro de nuestra Guerra Sucia.
