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Human Rights Watch presentó el martes un informe en el que documentó violaciones de derechos humanos de menores de edad arrestados durante el estado de emergencia en El Salvador, que otorga al presidente Nayib Bukele poderes extraordinarios para combatir a las pandillas.
El documento de 114 páginas detalla casos de detenciones arbitrarias, tortura y otras formas de malos tratos en contra de menores detenidos en el marco de la política de mano dura del gobierno contra las pandillas, arraigadas por más de tres décadas en barrios y comunidades pobres.
El informe de la organización internacional indica que los detenidos, a los que las autoridades vinculan con las pandillas, han sido sometidos a condiciones deplorables de detención que han incluido, en ocasiones, hacinamiento y falta de alimentación y atención médica adecuados, así como contacto con abogados y familiares.
Agrega que, en varios casos, los menores han sido detenidos junto con adultos durante los días iniciales de su arresto y que “muchos han sido condenados por delitos definidos de forma amplia y en juicios con violaciones al debido proceso”.
El estado de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022 suspendió derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado.
Bajo ese régimen, además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
