Por Angélica Enciso Landero
Ciudad de México. El consejo general del Instituto Nacional Electoral determinó enviar a la Comisión de Fiscalización el proyecto que determinaba no tomar medidas cautelares sobre el crédito bancario de 100 millones de pesos que pidió el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en 2015.
El proyecto a discusión elaborado por la Unidad de Fiscalización indicaba que era improcedente la solicitud de Morena de suspender el crédito bancario que pidió ese partido, pero tras un debate por unanimidad el Consejo decidió enviarlo a la Comisión de Fiscalización para hacer un análisis profundo y determinar si es necesaria o no la figura de medidas cautelares en materia de fiscalización, lo cual no está previsto en la ley.
La discusión en torno al proyecto llevó a un debate acerca de si en materia de fiscalización proceden las medidas cautelares, una vez que no están previstas en la ley. El consejero presidente, Lorenzo Córdova, propuso mandar el documento a la comisión porque es “una decisión de gran trascendencia” que requiere un análisis pausado y se debe hacer una reflexión sobre los precedentes.
Dijo entender la preocupación sobre el hecho de que medidas cautelares no se apliquen en esta materia, y consideró que “eventualmente se pueda llegar a una reforma en materia de fiscalización”.
El 9 de diciembre de 2015 Morena presentó una queja ante la unidad de fiscalización, al saber que el PVEM pidió un crédito bancario por 100 millones de pesos, “para Morena ese partido no tendría derecho a pedir un crédito de esa magnitud porque la cantidad de recursos que tiene como multas ese año son por 597 millones de pesos”, explicó Horacio Duarte, representantes de ese partido, Dijo que ese partido no tendría capacidad para ese financiamiento, porque su financiamiento estaría agotado, ya que en 2015 tuvo un financiamiento de 323 millones y en 2014 329 millones de pesos.
El consejero Ciro Murayama, presidente de la comisión de fiscalización, argumentó que el proyecto no otorgaba las medidas cautelares porque se realiza sobre hechos consumados, y que la ley, en materia de fiscalización, no contempla ese tipo de medidas.
