Carlos López Torres
Abrumado por la confrontación con Vigue, sin un verdadero plan B en la manga que permitiera visualizar a los desconcertados pobladores la viabilidad de la municipalización de la recolección de basura, el alcalde capitalino finalmente permitió al Cabildo aprobar la decisión de rescindir el contrato con la irresponsable empresa.
El dictamen de procedencia de cancelación de la concesión, que desde un principio del conflicto debió ser tema prioritario a discutir y resolver por el Cabildo, instancia legal y legítimamente constituida para tomar la decisión que se tomó, ha pasado al Congreso del Estado para su aprobación o rechazo.
El Cabildo, sin embargo, permaneció estático todo este tiempo de escaramuza mediática, de dimes y diretes en medio del crecimiento del problema; se le mantuvo prácticamente amordazado, reducido a convidado de piedra a partir de que el secretario del ayuntamiento, Marco Antonio Aranda, declaró que sería el alcalde quien tomaría la determinación final sobre el caso, convirtiendo prácticamente en city manager o gerente al alcalde Ricardo Gallardo.
En tanto, la población afectada por la basura ha soportado estoicamente las consecuencias de las no menos irresponsables administraciones priístas antecesoras, quienes encabezadas por fallidos pretendientes a ocupar en este terruño de chapulines otros puestos “más altos”, permitieron que Vigue hiciera y deshiciera con el convenio lo que le viniera en gana.
Empezando por el cambio del sitio del relleno sanitario que no fue construido en El Jaralito, donde la oposición ciudadana hubo de pagar una costosa represión a cargo del entonces gobernador Fernando Toranzo, con heridos, detenidos, allanamientos y un ciudadano muerto, sino en San Juanico El Grande, según lo afirma un regidor azulino.
Ya en entrega anterior hacíamos mención de algunas causas de cancelación del contrato violentado por la empresa favorecida, que tienen que ver con la irregularidad que se mantenía en el pesaje al no cumplir con las normas fijadas por el ayuntamiento, amén del madruguete de abandonar el servicio sin previo aviso, según consta en el dictamen.
La morosidad en la decisión no ha dejado de significarle un pesado costo político a la administración del sol azteca, especialmente a los actuales dueños de la franquicia partidista en la perspectiva de sus ambiciones electorales; aunque ha sido la población en general quien ha vivido estos días una singular privatización de la basura a cargo de los tradicionales carretoneros, automotores y motocicletas recolectoras que han hecho su agosto, independientemente del deterioro ecológico en plenos aires de febrero que aumentan la mala imagen de la capital y los riesgos para la salud, aunado todo ello a la incapacidad demostrada por los que se sienten dueños del Centro Histórico, quienes no logran concluir una pequeña obra de adoquinado en pleno centro citadino.
