Por la Redacción
Ciudad de México. El relator especial de Naciones Unidas, Juan E. Méndez, urgió al gobierno mexicano a realizar una investigación imparcial y exhaustiva de los hechos acontecidos en el penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, a fin de establecer las responsabilidades legales tanto de los reclusos que participaron en los hechos como de las autoridades penitenciarias.
“Exhorto a las autoridades mexicanas a garantizar el derecho de los familiares a saber la verdad acerca de lo acontecido, a una identificación pronta de las personas fallecidas que aún se desconocen sus nombres, a una entrega digna de los restos de las personas fallecidas y a una atención médica de calidad a los heridos,” señaló el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En comunicado fechado en Ginebra y distribuido aquí por Naciones Unidas México, recordó que el experto Méndez inspeccionó el penal de Topo Chico durante su visita oficial a México, en abril de 2014. “Allí pude constatar que la flexibilidad excesiva en el régimen a la que está sujeta la población detenida conducía al autogobierno y situaciones de violencia en el penal”, dijo. “También pude verificar supuestas medidas de protección a detenidos que derivaban en situaciones de hacinamiento extremas”.
Resultado de la trifulca ocurrida en el panel murieron 49 personas y 12 más resultaron heridas, entre la noche del 10 de febrero y la madrugada del 11.
Méndez señala que la investigación debe conducir también a la reparación de las víctimas y sus familiares, lo que incluye las garantías de no repetición de los hechos acontecidos que se traduzcan en una mejora sustancial en las condiciones de detención del Penal de Topo Chico.
Hay que recordar también que en su informe sobre la visita a México, el experto hizo clara referencia a una infraestructura deteriorada, a condiciones sanitarias penosas, a la mala calidad de la comida, a sanciones de aislamiento en condiciones deplorables y a tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas con discapacidad, entre otras violaciones manifiestas a los derechos humanos.
“Esta información también la compartí con las autoridades de Topo Chico el mismo el 27 de abril de 2014, al concluir mi visita al centro de privación de la libertad”, dijo el relator especial.
