Renata Terrazas*
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó esta semana el informe de resultados de la cuenta pública para el año 2014. En este instrumento, la ASF da cuenta de las observaciones y acciones derivadas de la revisión a una selección de programas gubernamentales en los ámbitos federal, estatal y municipal.
La cifra más llamativa alrededor del trabajo de la Auditoría es el porcentaje de casos de corrupción que dejan de ser castigados, permitiendo con ello que los funcionarios que delinquieron sean protegidos ya sea por la incapacidad de las instituciones de aplicar la ley o por las relaciones de amistad que tengan con las élites políticas. 97 por ciento del total de denuncias por corrupción de la ASF quedan impunes.
La impunidad que vivimos en este país es en todos los ámbitos, en el Índice Global de Impunidad (IGI), México se sitúa en el penúltimo lugar, sólo detrás de Filipinas. Las causas de ello son variadas y van desde deficientes diseños institucionales, leyes sin aplicación y falta de voluntad política hasta una sociedad acostumbrada a la infracción de las leyes. Los efectos de la impunidad generalizada afectan el desarrollo económico y social de un país en donde parece que cada quien hace lo que quiere y puede salirse con la suya.
Para el caso de las denuncias de corrupción por parte de la ASF es notoria la necesidad de caminar hacia un sistema de coordinación entre dependencias que permita cubrir todo el proceso en la detección, investigación y sanción de casos de corrupción. La fragmentación actual entre la Auditoría, la Secretaría de Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR), así como la falta de jueces especializados en la materia, genera huecos legales e institucionales que dan pie a la creciente impunidad.
De manera habitual, el informe de la ASF pasa de noche para la mayoría de los mexicanos, ya sea por la dificultad de comprender su contenido o porque el porcentaje de impunidad de sus denuncias sea un desincentivo. Sin embargo, el informe presenta información útil para comprender la administración pública y el ejercicio del gasto y permite identificar espacios de opacidad que pueden y deben ser transparentados para caminar hacia una mejor gestión gubernamental.
Uno de los espacios más complicados para auditar es la gestión de recursos federales transferidos a los estados y municipios. Estas transferencias suelen hacerse hacia cuentas distintas a las autorizadas en donde no hay forma de dar seguimiento a su ejecución, con lo cual se incumplen las leyes regulatorias y los controles establecidos para su buena ejecución.
Aunado a ello, la presentación de informes trimestrales relacionados con el ejercicio de los recursos transferidos de la federación es irregular e incompleto. Los relacionados con el gasto de los municipios –Fortamun, Subsemun, entre otros– son los que presentan peores calificaciones.
La carencia de evaluaciones de políticas y programas del gasto federalizado hace imposible determinar si éste corresponde a los objetivos planteados. De las 236 auditorías realizadas al gasto federalizado por la ASF a la cuenta pública de 2014, sólo 32.6% realizó estas evaluaciones.
La falta de transparencia en el ejercicio del gasto lleva a que una gran cantidad de recursos se apliquen a fondos o programas distintos para los que fueron solicitados, sin que exista ningún tipo de llamado a cuentas en donde se explique y justifique la razón de ello. De hecho, si no fuera por la realización de las auditorías, esta información sería plenamente desconocida.
Por último, este informe detecta una precaria participación de los beneficiarios de los fondos y programas en su gestión, seguimiento y vigilancia. La participación social sigue siendo mal entendida por las autoridades, las cuales no logran ver el alcance de la misma y los beneficios que trae para el cumplimiento de los objetivos de los programas.
La revisión de la cuenta pública de la ASF da cuenta de las fallas estructurales en el ejercicio del presupuesto en México, en este caso particular, del gasto federalizado. Ante un escenario de endeudamiento y gasto excesivo de los gobiernos estatales y municipales, resulta imperativo establecer mecanismos de transparencia a la ejecución del gasto federalizado, así como la creación de espacios de participación social que permiten la observación y monitoreo del gasto en tiempo real.
Es de esperar que las futuras discusiones alrededor del Sistema Nacional Anticorrupción nutran su análisis con las recomendaciones de la propia Auditoría y los hallazgos derivados de deficientes marcos normativos y falta de vigilancia y transparencia en la ejecución del presupuesto público.
* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
