Aldo Anfossi
El Poder Judicial chileno, sacudido por un creciente desprestigio que se arrastra largamente, acaba de recibir otro batacazo cuando una exmagistrada de la Corte Suprema, destituida hace un año unánimemente por sus pares por “mal comportamiento”, aparece ahora presuntamente involucrada en una trama de presiones indebidas y tráfico de influencias para obtener fallos judiciales a cambio de sobornos.
La ex ministra Ángela Vivanco enfrenta una “querella de capítulos” -procedimiento para aplicar responsabilidad penal a jueces, fiscales y otros funcionarios públicos por actos delictuales en el ejercicio de sus cargos-, para formalizarla por un eventual lavado de activos y cohecho mientras ejercía, según acusa el Ministerio Público, y que la tienen al borde de ser arrestada.
La Fiscalía sostiene que Vivanco recibió sobornos entregados en dinero efectivo a su pareja sentimental, Gonzalo Migueles, ya detenido y formalizado, en un caso que enfrentó a la estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y al consorcio chileno bielorruso Belaz-Movitec.
Esos sobornos serían como retribución a las “gestiones” que la exjueza hizo en 2023 en diversos tribunales para favorecer al consorcio, incluso en la Corte Suprema, que terminó fallando en contra de la cuprífera estatal, forzándola a pagar más de un millón de dólares.
Los fiscales acusan que en diciembre de ese año, Migueles fue a buscar US$14 mil a la oficina de los abogados (también presos ahora) de Belaz-Movitec, dineros que fueron gastados por Vivanco y su pareja viajando a Argentina y Brasil y realizando compras con sus tarjetas de crédito.
Pero no es la única vergüenza que sacude al Poder Judicial chileno, sino que anteayer el Senado aprobó una acusación constitucional que lo inhabilita por cinco años para el ejercicio de cargos públicos, y destituyó al magistrado Antonio Ulloa, de la Corte de Apelaciones de Santiago, por “notable abandono de deberes, falta de imparcialidad, filtración de información reservada y participación en cabildeos para lograr nombramientos judiciales”.
El despido del ahora exjuez remite al denominado “Caso Audios”, revelado en noviembre de 2023, otro escándalo de corrupción, soborno, cohecho y tráfico de influencias centrado en el connota penalista Luis Hermosilla, de cuyo teléfono celular se filtraron y fue posible conocer centenares y/o miles de mensajes y grabaciones evidenciando cómo traficaba influencia con jueces, policías y políticos de la plaza.
Ulloa admitió que compartió resoluciones y acuerdos judiciales con Hermosilla, pero alegó que eran documentos de menor importancia y que no influyó en decisiones judiciales.
Hermosilla esta presó desde agosto de 2024 por delitos de lavado de activos, soborno y tributarios.
Fueron los chats de Hermosilla los que revelaron las gestiones que realizaba Migueles, pareja de Vivanco, para nombrar fiscales, jueces, notarios y conservadores de bienes raíces.
A favor de invasión militar a Venezuela
En otro orden de cosas, en un debate televisado la noche del lunes, el último previo a las elecciones del próximo domingo 16, los dos candidatos presidenciales ultraconservadores/pinochetistas, el republicano José Antonio Kast y el libertario Johannes Kaiser, dijeron apoyar una invasión militar estadunidense a Venezuela para acabar con el régimen de Nicolás Maduro.
Ambos dijeron que en el caso de ganar la presidencia de Chile y eventualmente recibir una llamada de Donald Trump para pedirles respaldo a un eventual desembarco de tropas, le contestarían que “proceda”.
Kaiser también dijo que propondría un plebiscito para terminar con los pagos de pensiones o indemnizaciones a los “exonerados políticos”, personas que tras el golpe militar de 1973 fueron expulsados de sus cargos en el aparato público o bien sufrieron confiscaciones arbitrarias de bienes.
Además insistió en que es partidario de dejar en libertad, enviándolos a sus casas, a decenas de torturadores y criminales que cumplen sentencias por crímenes de Estado, y que eventualmente sufren de una enfermedad terminal.
