Juan Becerra Acosta
Una toma de tribuna en el Congreso de la Ciudad de México terminó en gritos, empujones, golpes, zapes y –entre insultos– jalones de pelo. Todo durante un lamentable hecho en el que diputadas y diputados convirtieron el recinto legislativo de Donceles en un circo que ni siquiera en el recreo de un jardín de niños sin supervisión adulta podría observarse.
La diputada del PAN Daniela Álvarez subió a tribuna escoltada por varios de sus compañeros de bancada durante la discusión del dictamen de reforma a la Constitución capitalina para que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, el Info CDMX, se transforme en un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General. Señaló la diputada panista que no se bajaría de ahí, la respuesta de la legisladora de Morena Yuriri Ayala, vicepresidenta de la mesa directiva, fue un golpe en la cabeza, lo que dio pie a una vergonzosa batalla.
No hubo por parte de nadie una disculpa válida a la ciudadanía, no una sin peros, no una sin el fallido y soberbio intento de justificar aquella escena que queda como muestra de una lamentable representación ciudadana por parte de legisladores que lo único que representan son intereses de bancadas. Lo hacen mediante impulsos pueriles tan alejados de la democracia como cercanos son a la auténtica razón de que el pleito detonara.
No fue la defensa a la trasparencia el motivo del conflicto, sí el reparto de cuotas que, al no darse, mostró la auténtica motivación de diputadas cuyo inconsciente se manifestó a través de la conducta. Desde hace meses se lleva a cabo un proceso nacional para que algunos órganos autónomos sean absorbidos por instancias gubernamentales y con ello dejen de duplicarse funciones, entre otros motivos que merecen ser analizados en un artículo posterior.
La Ciudad de México requería de una modificación en su Constitución para que el Info CDMX deje de ser un órgano autónomo y sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de la Contraloría General de la capital, lo que requirió que la Comisión de Puntos Constitucionales, cuya presidenta es la panista Daniela Álvarez, sesionara y discutiera el tema. Durante el periodo legislativo la comisión no logró acuerdos sino hasta el final del año, cuando en lo oscurito el PAN propuso un órgano tripartito, no para garantizar la transparencia, sino para fabricar una repartición de poder, ya que el acuerdo incluía que, de los tres integrantes de dicho órgano, al menos uno sería designado por Acción Nacional.
El acuerdo en comisión no prosperó y en el pleno legisladores de Morena lo echaron para atrás, por lo que el PAN, al sentirse traicionado, tomó la tribuna en un recurso legislativo no sólo común que han utilizado todos los grupos parlamentarios a lo largo de la historia, sino legítimo, pero que derivó en una violencia resultante de la falta de recursos democráticos, principalmente el diálogo, por parte tanto de quienes iniciaron la agresión, como de quienes respondieron a ella.
No es atenuante del lamentable espectáculo el haber recibido el primer golpe, igual de responsable es quien lo contestó, pero eso no interesa a quienes convirtieron el pleno del Congreso en una arena de gladiadores. Las culpas se reparten, y las responsabilidades se evaden. Hay legisladores a los que sólo parece importarles imponer su narración y con ella “su verdad”, incluso parece que consideran el escuchar, y de ahí dialogar, una debilidad, cuando la auténtica debilidad radica en la soberbia con la que imponen su postura en clara lejanía con la democracia.
Ello termina, como sucedió en el Congreso de la Ciudad de México, en golpes y un acto deshonroso en el que quien resulta más golpeado, insultado, vejado y traicionado es el ciudadano, el mismo que no se siente representado por quienes mediante la vía democrática fueron elegidos para trabajar en conjunto en la encomienda de legislar a favor del pueblo, no de sus bancadas ni ambiciones políticas.
