La Redacción
Ciudad de México. La embajada de Estados Unidos en México anunció ayer la asignación de 23.4 millones de dólares para continuar apoyando la consolidación del Sistema de Justicia Laboral en México, como parte de los compromisos asumidos en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El anuncio fue difundido a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que se señala que los recursos estarán destinados a combatir prácticas antilaborales que suprimen salarios y generan condiciones de competencia desiguales, en detrimento de los trabajadores más vulnerables y de los esfuerzos conjuntos para promover la prosperidad en Norteamérica.
De acuerdo con información del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, el financiamiento forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la aplicación de las leyes laborales en México y asegurar que el comercio bilateral beneficie a trabajadores y empresas estadounidenses. Del total de recursos anunciados, 15.4 millones de dólares fueron otorgados a la organización Partners of the Americas y 8 millones a Creative Associates International, ambas con sede en Estados Unidos.
Los proyectos serán operados a través de la colaboración con el gobierno mexicano, el sector privado y los trabajadores, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las disposiciones laborales incluidas en el T-MEC, acuerdo negociado durante la primera administración de Donald Trump. Según el gobierno estadounidense, estas iniciativas se enfocarán en prácticas laborales que deprimen salarios, distorsionan la competencia y otorgan ventajas comerciales injustas a ciertos actores, en perjuicio de los trabajadores estadounidenses.
La administración de los recursos estará a cargo del Buró de Asuntos Laborales Internacionales, que señaló que los proyectos avanzan la agenda comercial del presidente Trump al exigir que México cumpla con sus compromisos laborales. Las acciones se concentrarán en sectores prioritarios del T-MEC en México que compiten directamente con empresas de Estados Unidos, donde, según Washington, una aplicación débil de la ley puede afectar empleos y salarios al norte de la frontera.
