Angélica Campillo
El abogado Juan José Frías Aguilera exigió la destitución de la contralora de la Auditoría Superior del Estado (ASE) Rosa María Ruiz Medellín, debido a que se autorizaron más de cuatro millones de pesos para finiquitar a los recomendados de dicho órgano fiscalizador.
En rueda de prensa, el abogado dijo contar con documentos oficiales que demuestran la cantidad que se pagó en las liquidaciones de ex funcionarios de la ASE, entre los que se encuentran los amigos y familiares del ex auditor José de Jesús Martínez Loredo y de los diputados locales que recomendaron a su gente en este organismo fiscalizador.
Refirió que al cuestionarle sobre la situación a la contralora de la ASE, argumentó que no obraba con información al respecto, por lo que interpuso ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí un Juicio de Responsabilidad en contra de la funcionaria, debido a que no actúa con responsabilidad en el cargo y oculta datos con fines desconocidos.
“Al momento que le solicitamos información relativo a los finiquitos que se dieron, así como de los empleados recomendados por los diputados, así, textualmente, ella contesta que está imposibilitada de dar información. Es ilegal que no conozca la ley, no es posible que sea tan ignorante esta persona que gana más de 50 mil pesos mensuales, porque si no conoce sus facultades de la Ley de Rendición de Cuentas, hay que preguntarle qué está haciendo, a quién está fiscalizando, están en un mundo de ignorancia”, resaltó el abogado.
Frías Aguilera acusó que hay un ocultamiento de información a beneficio de la anterior administración, ya que existen documentos de la dependencia en donde se puede ejemplificar que a ex servidores públicos como Martha Yadira Ortiz Guerrero, recomendada de la diputada Guillermina Morquecho, se le finiquito con casi 60 mil pesos; Andrés Esparza Aguilar, recomendado de la legisladora Josefina Salazar, recibió más de 49 mil pesos; Perla Yaneth Vargas Ibarra, recomendada del ex diputado Rubén Magdaleno Contreras, recibió más de 41 mil pesos; José Martín Martínez Martínez, quien se desempeñó como Coordinador de Ejecución, lo liquidaron con más de 129 mil pesos, siendo este último caso el más que irregular, ya que era funcionario con licencia del Poder Judicial y al ser despedido de la Auditoría regresó a su base, no obstante la ley dice que está impedido de cobrar una liquidación porque no ha dejado de ser funcionario público. Agregó que en su mismo caso se encuentra Humberto Pérez Castillo, ex coordinador de despacho del titular.
Aseveró que el diputado Ricardo García Melo tenía en la nómina de la ASE a su hermana Heidi García Melo, quien no ejercía ningún trabajo, pero también se le finiquitó en la dependencia: “es incongruente, el Congreso del Estado debe actuar inmediatamente, porque tan solo en estos recomendados se destinaron más de cuatro millones de pesos, no es posible que se dé una respuesta de esa manera”, finalizó.
