Angélica Campillo
El abogado Juan José Frías Aguilera notificó que presentó ante la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí una denuncia penal e interpuso un juicio político en contra de los cuatro diputados locales presuntamente involucrados en una red de corrupción, y quienes habrían solicitado moches a alcaldes de la entidad a cambio de borrar las observaciones a sus cuentas públicas.
En rueda de prensa, manifestó que, en razón de que el diputado Manuel Barrera Guillén solicitó que a los delincuentes se les identifique por su nombre y apellido, de manera personal decidió interponer un juicio político solicitando se dé inicio el procedimiento de desafuero constitucional, y, en términos de lo expresado en los numerales 21, 54 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se realice la declaración de procedencia, así como una demanda penal ante la PGJE, en contra de los funcionarios públicos que integran y encabezan la llamada “ecuación corrupta”.
Aseveró que lo anterior con base en los probables delitos cometidos en la Legislación Penal Vigente, tales como extorsión, asociación delictuosa, delitos por hechos de corrupción, cohecho, y las que resulten. Agregó que ambas demandas se basan en la confesión en el video de la plática sostenida entre el diputado Enrique Flores Flores y el alcalde de Ébano, Crispín Ordaz.
Frías Aguilera refirió que la licencia solicitada por tres, de los cuatro legisladores involucrados en el asunto no tiene más valor que el de un permiso para separarse del cargo, pero no así el de un desafuero, donde el representante popular queda separado del cuerpo al que pertenece sin que pueda volver a ocuparlo, aun cuando sea absuelto en el proceso legal correspondiente.
Cabe destacar que las denuncias y el juicio político son en contra de los diputados Enrique Flores Flores, ex panista; Manuel Barrera Guillén, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Óscar Bautista Villegas, del PRI; así como de J. Guadalupe Torres Sánchez, del PRD.
