Angélica Campillo
Raúl Espínola Gutiérrez, representante legal de los padres de familia de la escuela José María Morelos y Pavón que se oponen a la entrada en operación de la subcomandancia centro localizada en la calle Uresti, esquina con Melchor Ocampo, solicitó un punto de acuerdo a los diputados federales y senadores de San Luis Potosí para los efectos de que el Poder Ejecutivo en todos sus niveles, y concretamente la síndico del ayuntamiento capitalino María Isabel González Tovar, con sus acciones de denuncia y ratificación de la misma en su contra y de dos personas más, no interfieran con el trabajo que está realizado el Poder Judicial en el caso concreto, y para que esa situación no se repita en posteriores demandas ciudadanas.
El pasado 25 de agosto el abogado solicitó un punto de acuerdo al Poder Legislativo para que se exhorte a la delegación de la Procuraduría General de la República en San Luis Potosí que se abstenga de intervenir, cuestionar, interferir directa o indirectamente en el trabajo judicial, expediente 590/2015, que realizan el tercer juzgado de distrito y el primer tribunal colegiado del noveno circuito, siendo esta última instancia la que ordenó la suspensión de la obra que inicialmente pretendía albergar una subcomandancia en 2015.
Sin embargo, luego de ello la síndico de la pasada administración, María Eugenia Rivera Morales, denunció tanto al abogado, como a dos de sus clientes, y fue ratificada por la actual síndico. Cabe mencionar que desde el inicio la demanda se justificó bajo el argumento de que los tres magistrados del tribunal colegiado fueron engañados.
“Utilizan la facultad legal que tienen para constituirse como abogados del ayuntamiento y contrariar el interés superior del menor, su vida e integridad física, ya que con su denuncia inhiben la participación de la ciudadanía en defensa de estos”, reclamó Raúl Espínola. Además, aseveró que se desconoce cuál es la motivación o lógica que se tiene con la denuncia, pues en reiteradas ocasiones el presidente municipal, Ricardo Gallardo Juárez, ha expuesto las gestiones que está realizado ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica en relación al tema.
El abogado añadió que también solicitó la opinión sobre el tema a la procuradora general de la república, Arely Gómez González, ya que en el juicio de amparo se habla de la protección a los menores en su integridad física, pero la síndico denuncia a los quejosos, luego la ratifican, y la PGR le da trámite.
Dio a conocer que solicitó a las autoridades centrales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que le informen si el inmueble de la subcomandancia centro se encuentra o no protegido por la declaratoria de zona de monumentos históricos y las leyes en materia de monumentos históricos y también si la arquitecta Begonia Garay López es o fue personal especializado del INAH, en razón de su participación en este proyecto.
También solicitó a la Unesco, con sede en Paris, que le informe si la ciudad de San Luis Potosí es o no parte itinerante del Camino Real de Tierra Adentro, declarado como patrimonio cultural de la humanidad. Indicó que lo anterior fue en razón de que la síndico afirma que nada de ello es cierto y por eso fue su acusación, pretendiendo acreditar su dicho con el manual de operación que maneja el Fideicomiso del Centro Histórico.
Externó que, al momento, la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre ha sido la única que ha respondido a la solicitud y ha referido como justa su causa.
