Angélica Campillo
Raúl Espínola Gutiérrez, representante legal de los opositores a la operación de la subcomandancia centro, presentó ante el tribunal colegiado un recurso de revisión a la sentencia del juez tercero de distrito, debido a que se consideró improcedente el amparo 590/2015 presentado por los afectados.
El abogado refirió que hace dos años y medio se decretó una suspensión provisional de la obra de la subcomandancia centro por una autoridad judicial, sin embargo, ante esta medida la síndico de la pasada administración, María Eugenia Rivera Morales, presentó una denuncia penal en contra de los opositores, incluyendo a una menor de edad, argumentando supuestas mentiras, la cual fue ratificada por la síndico gallardista María Isabel González Tovar.
Apuntó que desde hace unas semanas las autoridades municipales tienen conocimiento de la resolución del amparo, misma que señala que el ayuntamiento de la capital y el Instituto Nacional de Antropología e Historia tienen responsabilidad, “pero como la menor ya salió de sexto año y ya no está en la escuela primaria José María Morelos y Pavón, no tiene caso estudiar el problema, ya que no le afecta”.
Agregó que hasta la fecha el ayuntamiento de la capital no ha hecho un pronunciamiento en relación a la denuncia presentada en contra de los familiares de los menores de edad, revictimizándolos, en contra del interés superior del menor reconocido internacionalmente por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
El representante legal manifestó que por ese motivo solicitó al tribunal colegiado que revise la sentencia del juez de distrito y la conducta de la Procuraduría General de la República sobre su investigación respecto de la propia suspensión que ese mismo tribunal otorgó hace más de dos años y medio, lo cual fue objeto de la denuncia.
Mencionó que se pretende que la autoridad superior federal revoque la sentencia y reconozcan el daño moral y sicológico causado a la menor de edad y ordene su reparación integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas, “porque mientras estuvo el juicio se sufrió de violencia moral, sicológica, y eso es atentar contra el interés superior del menor. Aunque diga eso el juez de distrito yo busco reparación integral del daño hecho a los menores, y una indemnización que incluye mis honorarios profesionales”.
Finalmente, indicó que el tribunal colegiado revisor podría turnar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución final.
