René Ramón, corresponsal
Nezahualcóyotl, Méx. La activista indígena Kenia Inés Hernández Montalván fue absuelta de ocho cargos por el delito federal de ataques a las vías de comunicación y tres jueces en la materia ordenaron su libertad; sin embargo, la abogada originaria del pueblo amuzgo de la Sierra Madre del Sur continuará en prisión porque en el fuero común enfrenta dos penas por el delito de robo con violencia, del cual, denunció, fue acusada y sentenciada injustamente.
Antonio Lara Duque, abogado defensor y vocero del Centro Pro Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, confió en que en breve se logre la libertad de la presa política, porque aún hay cuatro alternativas legales para lograrlo.
En entrevista, recordó que Kenia está en reclusión desde hace cinco años y cuatro meses, luego de pasar por un penal femenil de máxima seguridad y las cárceles mexiquenses de Almoloya de Juárez y Ecatepec. Actualmente cumple condena (impugnada) en el penal estatal femenil Neza-Sur.
Desde este sitio, Kenia Inés emitió un mensaje tras recibir la última notificación absolutoria en el ámbito federal: “Agradezco infinitamente a todas las organizaciones y personas que, en estos más de dos mil días en prisión, no se han rendido ni cansado de luchar por mi libertad. Hoy fue un día de victoria en esta lucha”.
Al respecto, Lara Duque detalló que a lo largo de los distintos procesos por los cargos imputados por la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestos ataques a las vías de comunicación, primeramente fue absuelta de tres causas en Guanajuato, donde un juez consideró que el delito no se constituyó porque no había indicios de que se hayan realizado.
Respecto a cuatro denuncias en Guerrero y una más en Morelos, donde no se considera un delito grave, lograron un acuerdo reparatorio con la figura jurídica de Caminos y Puentes Federales (Capufe). “Las partes se pusieron de acuerdo y un juez dio seguimiento para determinar que el acuerdo no fuera lesivo para ninguna de las partes. Ya que fue autorizado, se le declaró absuelta de todas las causas”.
Sin embargo, ante el Poder Judicial del estado de México, en los distritos judiciales de Toluca y Ecatepec, sendos jueces sentenciaron a Kenia por el delito de robo; “fue criminalizada por robo con violencia”. Supuestamente robó siete mil pesos de una caseta de cobro de una autopista privada conocida como La Hortaliza, en el Valle de Toluca. “Sin duda el delito fue fabricado durante una protesta pública”. La abogada indígena protestó liberando la caseta de cobro para exigir la liberación de presos políticos en Guerrero.
“Lo más ridículo”, agregó el ombudsperson, fue la imputación de la Fiscalía General de Justicia del estado de México (FGJEM) y la sentencia impuesta por el delito de robo con violencia por 500 pesos en la plaza de cobro Las Américas de la autopista concesionada Circuito Exterior Mexiquense. Por ambos casos le impusieron una sentencia que suma 21 años de prisión.
El abogado y defensor de los derechos humanos en la ONG Zeferino Ladrillero denunció que, en su momento, tanto la FGR como la FGJEM le sugirieron a Kenia declararse culpable para obtener una reducción de sentencia. En el caso de los delitos federales, ningún proceso pasó de la etapa intermedia; mientras que, en el fuero común, concluyó el enjuiciamiento.
“Ella lo rechazó porque sabía que aceptar la propuesta hubiese generado un antecedente peligroso al mecanismo legítimo de la protesta pública” y decidió enfrentar al tribunal de enjuiciamiento. Actualmente están en proceso dos juicios de amparo directo de revisión de sentencias ante el Tribunal Colegiado de Distrito, con sede tanto en Almoloya como en Ecatepec.
El proceso, que puede tener una duración entre seis y ocho meses, podría concluir en junio o julio próximo; pero el abogado aclaró que hay otras cuatro opciones legales para que Kenia obtenga su libertad inmediata, al tratarse de una presa política.
Antonio Lara consideró que las autoridades mexiquenses están en posibilidad de corregir la persecución política que emprendió el gobierno del entonces gobernador priísta Alfredo del Mazo Maza, quien criminalizó la protesta pública a través de la fabricación de delitos. La primera es que este sábado la actual gobernadora, Delfina Gómez Álvarez , otorgue el indulto a la abogada indígena y de manera inmediata se ordene su libertad.
Segundo, que la Comisión de Derechos Humanos del estado de México (Codhem) haga valer la Ley de Amnistía y otorgue el beneficio cuando se fundamentan violaciones a los derechos humanos o al debido proceso, en los que se proponga la libertad de la persona afectada. En tercer lugar, puede utilizarse como instrumento jurídico que la propia FGJEM se desista de la acusación y reconozca la inocencia de Kenia Hernández.
La activista indígena fue aprehendida en octubre de 2020; pasó tres años recluida en el Cefereso número 16 de máxima seguridad en Morelos donde, sostuvo el abogado defensor, estuvo aislada, sufrió incomunicación y vivió en condiciones infrahumanas. Con el acompañamiento del Instituto de la Defensoría Pública Federal se logró su traslado a una cárcel del fuero común. Estuvo en los penales estatales de Almoloya y Chiconautla, en Ecatepec, y actualmente está privada de la libertad en la cárcel Neza-Sur, también conocido como el penal femenil de Tepozanes.
En este sitio, el pasado jueves 16, integrantes de organizaciones pro derechos humanos, sociales e indígenas protestaron para exigir la liberación de Kenia Inés Hernández Montalván, quienes consideran a la abogada amuzga una presa política. Organizaciones como el Centro Pro Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, la Comunidad Indígena Triqui de Oaxaca y el Frente Popular Revolucionario Emiliano Zapata, el Colectivo Hazme Valer, entre otras, exigieron al Estado poner en libertad absoluta a Hernández Montalván.
Kenia Inés ha encabezado dos huelgas de hambre en prisión y fue agredida en el penal de Ecatepec; además, en septiembre de 2025 se le negó la posibilidad de asistir al funeral de su madre y tener contacto con sus hijos. Tras el resolutivo federal, Kenia envió un mensaje desde la cárcel ubicada en territorio nezatlense:
“Hoy finalmente ya se concretó el acuerdo reparatorio por la última carpeta federal que había en mi contra. Tengo que reconocer públicamente también que, gracias a los precedentes establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconociendo la pertenencia y autoadscripción de las personas a comunidades indígenas, hoy particularmente se me garantizó el derecho a una intérprete en mi lengua amuzga. Con esto solo me queda enfrentar dos últimos procesos del fuero local del estado de México, donde fui sentenciada injustamente a pesar de mostrar con pruebas fehacientes que ni siquiera estuve en el lugar de los hechos que se me acusan. Estoy segura que ya muy pronto la justicia triunfará y podré recuperar finalmente mi libertad”.
En la segunda semana de abril, Kenia cumplió 2 mil días presa.
