Debilitar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, usar la fuerza militar contra los cárteles de la droga y asegurar el acceso a las vastas reservas petroleras de Venezuela para las empresas estadunidenses fueron los tres objetivos políticos que se fusionaron el 25 de mayo pasado durante una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el asesor presidencial, Stephen Miller, afirmó el diario The New York Times.
Dos meses después, el magnate firmó una directiva secreta que ordenó al Pentágono llevar a cabo operaciones militares contra los cárteles de la droga latinoamericanos, solicitando ataques marítimos. Aunque la justificación fue el narcotráfico en general, la operación concentraría un enorme poder de fuego naval frente a las costas de Venezuela, agregó el rotativo en un amplio reportaje el fin de semana.
El resultado ha sido una campaña de presión cada vez más militarizada destinada a sacar a Maduro del poder, marcada por ataques estadunidenses que han asesinado al menos a 105 personas en lanchas en el Caribe y el Pacífico oriental, un casi bloqueo de petroleros que entran y salen de puertos venezolanos y amenazas de Trump de llevar a cabo ataques terrestres en ese país.
Rubio, Miller y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, han sido actores claves en el creciente conflicto de Trump en Venezuela. Cada uno ha llegado con el foco puesto en objetivos arraigados: para Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y asesor de seguridad nacional de Trump, es una oportunidad para derrocar o debilitar a los gobiernos de Venezuela y su aliado, Cuba; y para Miller, artífice de las políticas antinmigratorias de Trump, la oportunidad de impulsar su objetivo de deportaciones masivas y atacar a los grupos criminales en Latinoamérica, afirmó el periódico.
Se fraguaron pretextos, entre ellos la migración
Según funcionarios actuales y anteriores que hablaron con el rotativo bajo anonimato, entre los hallazgos están que Miller instó a los funcionarios de la Casa Blanca en la primavera a explorar maneras de atacar a los cárteles de la droga en sus países de origen en Latinoamérica, quería operaciones que pudieran atraer la atención generalizada para crear un efecto disuasorio.
La atención sobre Venezuela se intensificó después de finales de mayo, cuando Trump se mostró molesto por las difíciles negociaciones con la petrolera estadunidense que opera en Caracas, Chevron. El petróleo venezolano ha sido tema central en las deliberaciones de Trump de lo que se había informado previamente.
En reuniones a principios del verano, Rubio y Miller hablaron con Trump sobre atacar a Venezuela. El presidente pareció persuadido por el argumento de Rubio de que Maduro debía ser visto como un capo de la droga.
Miller declaró a los funcionarios que si Estados Unidos y Venezuela estuvieran en guerra, la administración Trump podría invocar nuevamente la Ley de Enemigos Extranjeros, del siglo XVIII, para agilizar las deportaciones de cientos de miles de venezolanos a quienes la administración despojó del estatus de protección temporal. Trump y Rubio la utilizaron a principios de año para deportar de forma sumaria a cientos de venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo, prisión en El Salvador.
La orden secreta de acción militar contra los cárteles, firmada por Trump el 25 de julio, que convocaba a ataques marítimos, es la primera directiva escrita conocida del presidente sobre tales acciones. Funcionarios de la administración se refirieron a las ofensivas en barco como la “fase uno”, encabezada por el equipo SEAL Seis. Han hablado de una vaga “fase dos”, con unidades de la Fuerza Delta del ejército posiblemente llevando a cabo operaciones terrestres.
